El ministerio británico de Relaciones Exteriores afirmó que no reconoció a Augusto Pinochet como jefe de Estado chileno cuando tomó el poder en septiembre de 1973, aunque su gobierno fue reconocido apenas 11 días después del golpe.
Una fuente del sistema judicial británico dijo el viernes a Reuters que la declaración de la cancillería podría decidir si Pinochet, quien fue arrestado en Londres en octubre, enfrentará un juicio en España por los crímenes que supuestamente cometió durante su régimen autoritario entre 1973 y 1990.
Los abogados de Pinochet argumentan que el general retirado es inmune a las acusaciones presentadas por Gran Bretaña debido a que en el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos, era jefe de Estado de Chile y que, por ese motivo, no debía ser extraditado a España.
Sin embargo, en una carta fechada el 21 de enero, la cancillería notificó a las partes interesadas en el caso, que actualmente se ventila ante un panel de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, que en el momento en que Pinochet se apoderó del poder en Chile, "no existía (en Gran Bretaña) la práctica (actual) de no reconocer a los jefes de estado de facto".
"...No hubo un acto oficial de reconocimiento (por parte del gobierno británico) del jefe de Estado tras el golpe en Chile en 1973", indicó la carta de la cancillería, una copia de la cual fue obtenida por Reuters de una fuente legal cercana al caso Pinochet.
La carta agregó, sin embargo, que el nuevo gobierno chileno fue reconocido por medio de una breve nota diplomática 11 días después del golpe, tras recibir una solicitud de los generales que lo llevaron a cabo.
"El golpe que llevó al poder a la junta militar ocurrió el 11 de septiembre de 1973. El nuevo gobierno chileno fue reconocido por Su Majestad (la reina Isabel II de Inglaterra) el 22 de septiembre de ese mismo año", indicó el documento.
Posteriormente, en enero de 1974, la reina Isabel II envió a Pinochet una nota en la que se refería al general como "el presidente del consejo de gobierno de Chile", agregó.
Sin embargo, la carta de la cancillería explicó que el reconocimiento de Gran Bretaña a los nuevos gobiernos extranjeros no implicaba que éstos fueran legítimos.
"En ese momento, el gobierno de su Majestad aún se adhería a la política (abandonada en 1980) de otorgar el reconocimiento a los nuevos gobiernos, aunque hubieran ascendido al poder en forma inconstitucional, si cumplían una serie de condiciones, como que mantuvieran un control efectivo del país", indicó.
"El reconocimiento de los nuevos gobiernos no tenía como premisa la valoración de su constitucionalidad o cualquier otro juicio sobre su legitimidad política", explicó la misiva de la cancillería.
"Su objetivo único era indicar que el gobierno de Su Majestad estaba dispuesto a tratar con las autoridades del país en cuestión, reconociéndolas como el gobierno que representaba a ese Estado", agregó.
La cancillería confirmó a Reuters que había enviado la carta a las partes interesadas en el proceso contra el ex gobernante chileno, pero declinó comentar su contenido, indicando que era un asunto del tribunal de más alta jerarquía en Gran Bretaña, la comisión de la Cámara de los Lores, que había solicitado la información.
Una portavoz de la Fiscalía de la Corona de Gran Bretaña, a quien estaba dirigida la carta, confirmó que habían recibido la misiva, pero declinó también comentar su contenido.
Abogados de la fiscalía británica han representado a España en el caso contra Pinochet.
El portavoz de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch, Reed Brody, opinó que la carta "sería de muy poca ayuda al general, porque en ningún momento se refiere a Pinochet como jefe de Estado".
"Es algo ambigua, pero no entra a detallar el aspecto que él (Pinochet) necesitaba (una referencia que era el jefe de Estado de Chile en ese momento)", explicó Brody.
Los abogados que representan a Pinochet y a España no pudieron de inmediato ser contactados para que comentaran sobre la carta.
Pinochet y otros miembros de la junta militar chilena derrocaron al presidente constitucional del país, Salvador Allende, en el sangriento golpe del 11 de septiembre de 1973, en el que el gobernante socialista murió en medio de una serie de circunstancias que aún no ha sido totalmente aclaradas.
El general retirado está acusado en España de la tortura y muerte de miles de opositores y se halla bajo arresto domiciliario en una residencia cerca de Londres.
