El presidente Carlos Menem parecía ayer a la defensiva y políticamente acorralado ante los intentos de la oposición y de un importante sector de su propio partido peronista de bloquear sus intentos por postularse a un tercer período consecutivo, prohibido por la Constitución.
Menem sufrió el miércoles pasado un grave traspié cuando la cámara de diputados se pronunció expresamente en contra de su pretensión. A ello siguieron el sábado anuncios de la Alianza opositora y de los peronistas disidentes, de que convocarán a consultas populares para que se pronuncien sobre los intentos de Menem. Recientes encuestas indican un amplio rechazo de la población a una segunda reelección del jefe del estado.
Menem, consciente de que carece de mayoría en el Congreso para hacer reformar la Constitución y derogar la cláusula que considera "proscriptiva", está buscando lograrlo a través de fallos judiciales. Los amigos del presidente confían en que la Corte Suprema, donde Menem cuenta con una mayoría adicta, declare inválida la disposición constitucional. Pero el máximo tribunal parece renuente a hacerlo, probablemente por el escándalo político que sobrevendría.
El presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, quien fue antaño socio de Menem en un bufete de abogados, declaró el sábado que "los temas políticos, deben resolverse políticamente y buscar conexiones con la Corte resulta totalmente impensado y absurdo". Su declaración sembró desencanto en las filas menemistas.
La resolución de la cámara de diputados del 10 de marzo, aprobada por 159 legisladores sobre un total de 257, recordó a Menem que no puede ser nuevamente candidato en los comicios presidenciales del 24 de octubre. Los legisladores le advirtieron que quien se preste a violar el texto constitucional, se colocará en la situación de "los infames traidores a la Patria".
Los diputados también pidieron el enjuiciamiento de un juez federal de Córdoba, que habilitó a Menem a competir por la candidatura presidencial del peronismo en los comicios partidarios del 9 de mayo. Ese fallo había sido saludado por los asesores presidenciales como el primer paso para que la Corte Suprema eventualmente derogara la prohibición constitucional.
Una encuesta realizada por la conocida consultora Mora y Araujo y Asociados reveló que el 74 por ciento de la población se opone a la pretensión reeleccionista del presidente.
La encuesta fue realizada en esta capital, en su populoso cinturón suburbano y en 11 ciudades del interior.
