CGTP convoca movilización en rechazo a la venta de acciones de empresas mixtas
Autoridades de Economía y Finanzas han reiterado que no se contempla en esta administración la venta de las acciones.
El Comité Ejecutivo de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) convocó hoy a iniciar un proceso de movilización nacional en rechazo a la venta de las acciones de las empresas mixtas.
Aseguran que con las ventas de estas acciones, el Estado busca cubrir el déficit presupuestario que según ellos enfrenta.
Samuel Rivera, secretario de finanzas de la CGTP, sostiene que ese dinero pertenece al pueblo panameños que tiene grandes deficiencias de transporte, agua y viviendas.
"Vamos a hacer una convocatoria a todas las organizaciones sindicales serias que quieran defender el patrimonio del pueblo panameño ha movilizarse en contra de este proyecto", puntualizó.
En tanto, el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, publicó hoy en sus cuenta de Twitter @JoseRaulMulino que la opiniones de banqueros expertos y de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) aclaran el tema de acciones de empresas mixtas y aseguró que lo demás es politiquería y demagogia.
@JoseRaulMulino "Opiniones de banqueros expertos y de JD del FAP aclaran tema de acciones. Lo demás es politiquería y demagogia".
El pasado miércoles 31 de julio, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 569, que modifica la Ley 38 que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), documento que fue presentado en el mes de abril por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.
Ante el rechazo por parte de las bancadas opositoras y diversas organizaciones civiles, las autoridades han aclarado, que no se contempla en esta administración la venta de las acciones y que si futuros gobiernos deciden vender, total o parcialmente, la participación del Estado en las empresas mixtas, el total de esos dineros irían al FAP.
Igualmente, han explicado que el FAP tiene por mandato invertir los activos y dineros que posee en beneficio de todos los panameños y que por Ley aprobada en 2012, solo pueden ser utilizados para atender catástrofes naturales y en caso de desaceleración económica.
