El presidente venezolano, Hugo Chávez, y el amenazado Congreso entraron ayer en un conflicto de poderes, por una ley especial que pidió el militar retirado para legislar por decreto.
Chávez, quien dice encabezar una revolución pacífica, anunció que devolverá por insuficiente una "ley Habilitante" con la que el Congreso le dio poderes parciales para dictar medidas económicas y financieras.
El Congreso aprobó el 27 de marzo una versión de la ley de poderes especiales con un paquete de proyectos que excluyen las principales peticiones de Chávez.
A pocas semanas de una consulta popular, el conflicto entre Chávez y el legislativo por la ley despertó temores de que una Asamblea Constituyente, que podría salir de la consulta, pueda declarar la disolución del actual Congreso opositor.
Chávez dijo el martes que la Asamblea "podría perdonarle la vida" al Congreso si así lo decide.
Por su parte, políticos oficialistas retomaron la posibilidad de que Chávez decrete un "estado de emergencia" para adoptar las medidas negadas por el congreso, con lo cual el legislativo quedaría de inmediato prácticamente sin mayores funciones.
"Dentro de mis atribuciones está la declaratoria de una emergencia, yo no quisiera llegar a eso porque no queremos dar esos pasos", dijo Chávez el martes en una rueda de prensa.
El partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) había propuesto al presidente que gobernara mediante esta fórmula en caso de que el congreso le negara los plenos poderes.
El presidente calificó de "inhabilitante y de camisa de fuerza" la autorización del Congreso y argumentó que es insuficiente para enfrentar lo que calificó como "la crisis más profunda, la más pronunciada de todas las de este siglo" en Venezuela.
Pero, de inmediato legisladores de los principales partidos que dominan el Congreso aseguraron no estar dispuestos a darle mayores poderes a Chávez.
El presidente había pedido facultades entre otras cosas para reformar el sistema de seguridad social, el régimen de impuestos, refinanciar la deuda externa, dictar una ley de protección de inversiones, reestructurar el gasto estatal y el presupuesto y promover inversiones en la industria de hidrocarburos.
La gran mayoría de estas funciones, aseguran miembros del Congreso, son potestad del legislativo, por lo que sólo le aprobó algunas facultades en materia fiscal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles, aseguró que el Congreso "posee la facultad de establecer todas las limitaciones que considere necesario". Pero prometió que se considerarán las observaciones de Chávez.
"Pero muchas de las materias que el Congreso no puede habilitar no se van a habilitar. Las facultades de control que ejerce el Congreso de la República no se pueden delegar ni autorizar en manos del ejecutivo", advirtió Capriles.
Su partido, el socialcristiano Copei, insiste en que si a Chávez se le dieran todos los poderes que solicita, simplemente el Congreso sería innecesario.
Chávez calificó su conjunto de peticiones como una necesidad y "el comienzo de la solución hacia esta terrible crisis que hemos heredado".
El partido socialdemócrata Acción Democrática, el principal de la oposición, fustigó al presidente y lo acusó de querer un enfrentamiento con el Congreso.
"A usted (Chávez) lo que le gusta es jugar el juego del conflicto y eso no es lo que quiere el pueblo, el pueblo lo que quiere son soluciones y usted parece estar por otro camino", dijo a periodistas Omar Barboza, de AD, y presidente de la comisión de finanzas del Senado.
Aseguró que una disolución del Congreso por la Asamblea Constituyente "sería un golpe de estado" y que la propuesta de un estado de emergencia es una ignorancia "y una manera de amenazar por amenazar" porque esa figura constitucional sólo aplica para casos de guerra civil o conflictos con otro país.
Por su parte, Alberto Franceschi, jefe de la fracción parlamentaria del partido de oposición Proyecto Venezuela, dijo que la ley rechazada por el presidente era "generosa en extremo" y le otorgaba "potestades inimaginables para reformar el Estado".
Añadió que la devolución de la Ley forma parte del plan de Chávez para "pisotear el Parlamento y justificar su desaparición".
"Un presidente que decide acabar con las instituciones establecidas es peligroso, y si por malcriado pretende usurpar los poderes del Congreso, entonces debe buscarse una "republiqueta" para que lo nombren emperador", expresó el diputado opositor.
Por otro lado, el presidente venezolano, Hugo Chávez, negó que la detención del hijo de un importante dirigente de la oposición sea una persecución del gobierno contra sus adversarios, y prometió que el caso se aclarará.
Daniel Pérez, de 24 años, hijo del secretario general del partido venezolano Acción Democrática (AD), Lewis Pérez, fue detenido el lunes pasado por miembros de la policía de seguridad del Estado (Disip) y liberado en la medianoche del martes.
El mandatario venezolano aseguró que la detención del joven "no es por conspiración", pero no explicó los motivos que llevaron a la Disip a detener a Pérez cuando echaba gasolina a su vehículo.
"Se está investigando y se tendrán que esperar los resultados de las investigaciones, lo que sí puedo garantizar es que no se le violarán sus derechos humanos, nadie tiene por qué temer por su integridad personal porque aquí no se va a maltratar a nadie", dijo Chávez a la prensa el martes en la noche antes de que la Disip dejara en libertad al hijo del dirigente y senador de AD.
Lewis Pérez denunció el martes que el Gobierno de su país ha emprendido una campaña de persecución e intimidación contra los opositores políticos.
Agregó que el expediente contra su hijo, según comprobó un representante de la Fiscalía, consta de una página y fue abierto a raíz de que un informador anónimo le acusara de ser "traficante de armas largas".
El político socialdemócrata negó que su hijo esté vinculado a ese tipo de actividad, y anunció que llevará el caso ante organismos internacionales de justicia y de defensa de los derechos humanos.
El secretario de AD indicó que se enteró de la detención por una llamada anónima y narró las infructuosas gestiones que hizo el lunes con los ministros de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, e Interiores, Luis Miquilena, para lograr la liberación del joven.
Pérez aseguró que ni el empeño de Rangel ni las llamadas de Miquilena, ni la intervención de la Fiscalía General de la República lograron que su hijo fuese puesto en libertad por la Disip, organismo dependiente teóricamente del Ministerio del Interior pero que en la práctica responde únicamente ante el Presidente del país.
El senador de AD denunció la inseguridad existente en Venezuela, y se preguntó cómo calificar a un régimen en el que las personas pueden ser detenidas por llamadas anónimas.
El líder socialdemócrata responsabilizó al director de la policía de seguridad del Estado, el ex teniente coronel Jesús Urdaneta, de lo que en lo sucesivo les pueda suceder a él y a su familia.
En ese sentido, Urdaneta alegó que la Disip está "actuando en todo momento apegado a Derecho" y que no reprimirá al hijo del dirigente de AD.
Lewis Pérez alertó a la opinión pública venezolana de la indefensión de los ciudadanos frente a las acciones de la policía de seguridad estatal.
