El presidente venezolano, Hugo Chávez, constató las denuncias del diario El Nacional sobre presuntas violaciones de derechos humanos por parte de efectivos militares y policiales en operativos de rescate el pasado diciembre, informó ayer el rotativo.
"Yo no vine a hablar mucho. Vine más bien a oír, a ver y a sentir. Pero sólo quiero decirles, y se los juro por mis hijos, que no voy a descansar hasta que se aclare esto", dijo Chávez a familiares de personas desaparecidas que aseguraron que funcionarios policiales los maltrataron.
El mandatario invitó desde el sábado hasta el domingo, a la periodista Vanessa Davies, del diario El Nacional, a visitar a los familiares y testigos de los testimonios que ella publicó, en un principio, escudada en el anonimato de las fuentes, lo que despertó una gran controversia en el país, luego que Chávez dudara de las intenciones de los medios y periodistas.
Según Davies, "bastó un gesto -las lágrimas de una madre y de una esposa- para que Hugo Chávez, vestido con ropa deportiva y sin mayores protocolos, bajara la mirada".
Gisela Romero y Alejandra Iriarte, madre y esposa de Oscar Blanco, mostraron al presidente los despojos de las balasque una misión de "paracaidistas del ejército disparó contra la humilde casa, antes de llevarse el 21 de diciembre a Oscar, quien todavía no aparece".
"Eran boinas rojas, eran del ejército, eran paracidistas, eran 22 soldados. Se llevan a Oscar y lo desaparecieron. Yo no hallo a dónde ir ya", contó Iriarte conmocionada frente a la mirada atónita del presidente.
Chávez también palpó la herida fresca que un militar le causó con su pistola a Marcos, un joven de 17 años.
"Me pegó tres veces, porque según él estábamos desvalijando casas. Yo me encontraba con tres personas más, también les pegó.
Tanto fue el susto cuando supo que era menor de edad, que me llevaron a una clínica, y él dijo "recojan esa mierda" y me tiró ahí", denunció Marco.
Desgarradores testimonios de ejecuciones extrajudiciales y maltratos por parte de la policía política (Disip), dirección de Inteligencia Militar (DIM) y soldados, tuvo que escuchar Chávez durante este fin de semana para constatar las acusaciones que periodistas y organizaciones humanitarias comenzaron a divulgar la primera semana de enero y que él desestimó públicamente.
Sergio Ayala, oriundo de Caraballeda, sector enclavado en el corazón de la tragedia pluvial del pasado 16 de diciembre, donde murieron entre 20.000 y 50.000 personas, aseguró a Chávez que sabía dónde funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado habían hecho una fosa común.
Chávez ordenó acordonar la zona en un campo de golf, y horas más tarde llegó al lugar una comitiva de la Fiscalía General con su titular, Javier Elechiguerra, donde la labor de remoción de tierra de unos cinco metros de profundidad, dejó claro que la versión de Ayala no correspondía con la realidad.
El presidente aseguró que no abandonará este caso, que constituyó una de sus banderas políticas en la pasada campaña presidencial y en la promoción de la nueva Constitución, aprobada justo el 15 de diciembre de 1999.
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