El Gobierno de Chile ha reiterado ante la Cámara de los Lores su defensa de la soberanía nacional aunque eso no implica que defienda al general Augusto Pinochet, declaró ayer el embajador chileno en el Reino Unido, Mario Artaza.
El embajador hizo esas precisiones a la prensa al terminar la exposición del abogado Lawrence Collins, quien en representación del Gobierno chileno presentó en la Cámara de los Lores las alegaciones de que Pinochet goza de inmunidad soberana por haber sido Jefe de Estado en su país y que sólo Chile tiene jurisdicción para juzgarle.
Al defender su jurisdicción sobre el caso, Chile rechaza la "extraterritorialidad que pretenden asumir" los tribunales de otros países, dijo Artaza al referirse a la demanda de extradición contra el ex dictador chileno presentada por España al Reino Unido por cargos de genocidio, tortura y terrorismo.
Artaza consideró que con el proceso legal contra Pinochet, incluida su detención en el Reino Unido, la "inmunidad del Estado ha sido afectada y de ella deriva la inmunidad de los ex Jefes de Estado", como es el caso de Pinochet.
Al mismo tiempo, Artaza recalcó que el "Gobierno de Chile no defiende la impunidad". Desmintió que haya un compromiso de su país para juzgar a Pinochet y admitió que el ex dictador goza del fuero parlamentario que le otorga su título de senador vitalicio y de la protección de la amnistía que cubre hasta 1978.
Preguntado sobre la afirmación de Collins de que el Gobierno de Chile no ha pedido la extradición de Pinochet porque no es fugitivo de la justicia chilena, Artaza explicó que el año pasado fueron presentadas 12 demandas contra el ex dictador, pero su país no puede reclamarlo al Reino Unido porque todavía no existe un sumario sobre el caso.
El embajador chileno, quien fue encarcelado y torturado durante la dictadura de Pinochet, manifestó en tono dramático que "me molesta y me preocupa que me llamen traidor", por respaldar la postura del Gobierno de su país en este caso.
Admitió que se ha abierto un "proceso de exorcismo que ha concentrado en la persona de Pinochet los deseos de los chilenos de justicia", lo que, en su opinión, no debe perjudicar "el esfuerzo de reconciliación en nuestro país".
"Los casos de tortura ocurren en las mejores familias pero no por eso tienen que llevarse a prisión a los Jefes de Estado", dijo Artaza al referirse a las condenas contra España y el Reino Unido en el tribunal europeo de derechos humanos durante los gobiernos de Felipe González y John Major, respectivamente.
El embajador chileno consideró que el caso de Pinochet ha despertado preocupación en otros países latinoamericanos que han tenido dictaduras y les ha llevado a reflexionar sobre las implicaciones que puede tener el hecho de que otros países quieran ejercer jurisdicción sobre lo que ocurrió en sus territorios.
Artaza señaló que los argumentos del Gobierno de Chile están apoyados en el dictamen del juez de un alto tribunal londinense lord Thomas Bingham, de que Pinochet goza de inmunidad soberana por haber sido Jefe de Estado.
El recurso presentado por la fiscalía británica en nombre de España contra ese dictamen es lo que ocupa a los siete lores-jueces que componen el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores y que terminó de escuchar las alegaciones del representante del Gobierno de Chile, quien insistió que Pinochet está protegido por la inmunidad soberana porque su país se la reconoce y no se la retira.
La interpretación que hizo el abogado de la Convención Internacional contra la Tortura fue considerada contradictoria por lord Nicholas Browne-Wilkinson, el presidente del panel de lores-jueces.
Browne-Wilkinson recordó que la Convención Internacional contra la Tortura define ese delito como "cualquier acto que cause intencionadamente gran dolor o sufrimiento, tanto físico como mental, por instigación o con el consentimiento de un funcionario público u otra persona que actúe en capacidad oficial".
Pero Collins insistió, por su parte, que dicha Convención contempla que sólo puede ser procesado un ex Jefe de Estado si su país le retira la inmunidad soberana ante la justicia de otra nación.
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