Sin alfombra roja ni honores militares, el ex dictador chileno Augusto Pinochet llegará hoy de regreso a Santiago, donde grupos de detractores y partidarios lamentan o celebran su liberación, después de más de 500 días de detención en Londres.
El presidente Eduardo Frei, que durante todo este tiempo abogó por la liberación de Pinochet, advirtió de que "su eventual deceso en el extranjero habría significado un grave retroceso en la reconciliación nacional", tras la restauración de la democracia hace 10 años.
"A pocos días de finalizar mi mandato, he cumplido mi compromiso", dijo el mandatario, que el próximo 11 de marzo entregará la presidencia al líder socialista Ricardo Lagos.
Los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea le darán la bienvenida a Pinochet con una ceremonia privada en el aeropuerto internacional de esta capital, cuando el avión que abordó en Londres llegue a media mañana de hoy después de una escala en Iquique, 1.460 km al norte, informaron fuentes castrenses.
"Espero que su regreso sirva para la unidad de todos los chilenos", dijo el general retirado Luis Cortés Villa, director ejecutivo de la Fundación Augusto Pinochet, que agrupa a los partidarios del ex dictador que gobernó entre 1973 y 1990.
La fundación encabezará una jubilosa manifestación pública en las calles aledañas al Hospital Militar, hasta donde Pinochet será llevado en un helicóptero desde el aeropuerto Merino Benítez.
"Esta noche vestiremos de negro", afirmó en cambio Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, que exige el enjuiciamiento de Pinochet en Chile, por los crímenes atribuidos al régimen que encabezó entre 1973 y 1990.
El avión en el que se embarcó Pinochet, un Boeing 707 de la Fuerza Aérea de Chile, emprendió el vuelo a las 13H15 GMT de ayer desde la base británica de Waddington, 200 km al norte de Londres, cinco horas después que el Gobierno del Reino Unido autorizara su liberación.
El ministro británico del Interior, Jack Straw, argumentó razones humanitarias y clausuró el proceso de extradición de Pinochet a España, donde el juez Baltasar Garzón esperaba enjuiciarlo por delitos de genocidio, torturas y terrorismo.
Straw acogió un informe de médicos británicos que afirmaron que el deterioro físico y mental del ex dictador lo inhabilitaba para soportar un juicio.
Pinochet, de 84 años, fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, lo que desató en Chile una ola de tensiones entre sus seguidores y las organizaciones humanitarias, junto a las víctimas de la represión que ejerció su régimen.
Tras el arresto, a petición del juez Garzón, el presidente Frei rechazó la "extraterritorialidad" de la justicia española e invocó la soberanía de Chile para juzgar a Pinochet, haciéndose eco del planteamiento de los mandos militares y la derecha opositora, que exigían su regreso.
"Serán los tribunales chilenos, sin ninguna otra intervención, los que decidirán si el senador Pinochet es responsable de los delitos que se le imputan", aseguró Frei, en una declaración que leyó la tarde de ayer.
El líder socialista Ricardo Lagos, que dentro de nueve días asumirá la presidencia en reemplazo de Frei, también abogó por la liberación de Pinochet, pese a que fue encarcelado durante tres semanas bajo su régimen, en septiembre de 1987.
Tanto Frei como Lagos advirtieron de que los tribunales chilenos están en condiciones de llevar adelante el juicio, aunque esa posibilidad nunca se mencionó de manera tan directa antes que el ex dictador viajara a Europa en una "visita privada", tres semanas antes de su detención en la capital británica.
Conocida su liberación en la madrugada de ayer los familiares de los desaparecidos y el Partido Comunista recordaron esa advertencia al presidente saliente y al mandatario electo y exigieron que se concrete el juicio.
"Yo pido a los gobiernos europeos, con los cuales el Gobierno chileno se comprometió a que haya verdad y justicia, que exija a este Gobierno que cumpla con lo que señaló", dijo a la AFP la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín.
El juez Juan Guzmán Tapia, que tiene en sus manos 60 demandas contra Pinochet, reanudará el próximo lunes el estudio de las querellas y su posible desafuero como senador vitalicio, para privarlo de la inmunidad parlamentaria, según adelantó en la víspera.
La subsecretaria de Justicia chilena, Consuelo Gazmuri dijo que su país "no se va a atener" a los exámenes médicos practicados en Londres y, a menos que nuevas pruebas realizadas en Santiago "demuestren demencia, será sometido a proceso" judicial.
