Chile ha pedido a España que acepte un arbitraje internacional para decidir a quién corresponde la jurisdicción sobre el caso del ex dictador Augusto Pinochet, informaron ayer funcionarios españoles.
El nuevo canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, hizo la petición en una carta oficial enviada a su colega español, Abel Matutes, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.
"Hemos recibido una petición formal, pero tomará tiempo estudiarla. Es un asunto muy complicado y es muy difícil hacerlo de un día para otro", dijo la fuente a Reuters.
Al reconocer que el gobierno español estudia la petición, el portavoz también señaló que nada se haría hasta septiembre. El mes de agosto es tradicionalmente de vacaciones de verano.
Pinochet fue arrestado en octubre en Londres, donde había sido sometido a una operación quirúrgica en la espalda, en cumplimiento de una orden de detención española.
El ex comandante del ejército chileno y actual senador vitalicio está ahora bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña y debe comparecer ante un tribunal el 27 de septiembre, para el comienzo de la vista de su causa de extradición.
El juez español Baltasar Garzón quiere juzgar a Pinochet por abusos contra los derechos humanos durante su dictadura militar, entre 1973 y 1990.
Inicialmente, Garzón presentó cargos contra Pinochet por la muerte o desaparición de más de 3.000 personas durante su régimen. Esa cifra fue reducida después de que la máxima instancia judicial británica dijo que Pinochet debía responder sólo por los abusos ocurridos después de 1988.
El gobierno chileno busca que Pinochet vuelva a su país, argumentado que los delitos cometidos en Chile deben ser juzgados por sus tribunales.
Fuentes del gobierno español señalaron que para que se acuerde un arbitraje internacional se requerirá la aprobación de los gobiernos de Gran Bretaña, Chile y España.
"Después, probablemente la petición judicial tendría que ser retirada", dijo un funcionario español. "Es difícil saber, lo que pasará porque esto algo nuevo.
A pesar de que el gobierno español aprobó el pedido de extradición, los funcionarios dijeron que fue simplemente una decisión burocrática de remitir la petición judicial a las autoridades británicas. Fuentes del gobierno dijeron que España espera que, de alguna manera, Gran Bretaña bloquee la extradición de Pinochet a Madrid, para disponer de una salida a un tema político embarazoso.
Garzón, que ha visto su caso reducido grandemente por la decisión de los "Law Lords" de que Pinochet sólo debe responder por los abusos posteriores a 1988, porque en ese año Londres reconoció una Convención de la ONU sobre la Tortura, se ha mantenido empeñado en tratar de juzgar al ex dictador chileno.
Tras la decisión británica, Garzón ha continuado sus investigaciones y ha establecido más casos de delitos contra la humanidad en los últimos años del régimen de Pinochet.
