Chile jugó ayer su última carta en favor del ex dictador Augusto Pinochet y pidió a Gran Bretaña que libere al militar, en la antesala de su extradición a España para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés, reanudó la ofensiva diplomática por el derecho chileno a saldar en casa un asunto que, dice, es doméstico.
Pinochet tiene 83 años, está mal y triste, dicen allegados. Su frágil salud no resistirá los tiempos de la justicia internacional.
"Se solicita que el ministro del Interior (de Gran Bretaña) considere, de acuerdo a las facultades que le entrega la ley, una decisión de carácter humanitario", dijo el diplomático a la Radio Cooperativa.
"El documento ha sido entregado al Home Office (el ministerio del Interior británico)", añadió.
En Londres, un portavoz de la secretaría británica del Interior negó que se hubiera entregado el documento.
Pero admitió a Reuters que el presidente chileno, Eduardo Frei, "envió la semana pasada, el 7 de octubre, una carta al primer ministro (Tony Blair), pero es confidencial y no podemos comentar sobre su contenido".
Pinochet cumplirá el sábado un año preso en Londres, donde fue arrestado a pedido de un juez español que busca procesarlo por crímenes durante sus casi dos décadas en el poder, de 1973 a 1990.
Como sucede siempre que la palabra Pinochet está en juego, las reacciones fueron diametralmente opuestas.
"Nos parece vergonzoso que el gobierno esgrima razones humanitarias para pedir la devolución de Pinochet", dijo Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Desaparecidos.
"El año pasado, cuando se detuvo a Pinochet, el gobierno dijo al país que se defendían principios y no personas y hoy día uno ve que a través de las razones humanitarias se busca también una salida política", declaró a Reuters.
Para Díaz y los familiares de los más de 1.000 personas desaparecidas durante el régimen de Pinochet, si lo quieren en casa, que lo extraditen.
En la trinchera de enfrente, la Fundación Pinochet no se conforma y quiere más. Cristian Labbe, miembro del grupo, apretó las tuercas del gobierno.
"Esto debió haberse presentado el lunes", declaró a Radio Cooperativa. "Qué sacamos con presentar cosas si no tienen la fuerza que lo sostienen ni el reconocimiento de parte de Inglaterra de la soberanía nacional" de Chile.
La batalla legal del general sufrió el viernes de la semana pasada un duro revés, cuando una corte londinense autorizó su extradición a España.
Sus abogados disponen de 15 días de plazo para apelar. Una vez que lo hagan, la odisea jurídica del anciano Pinochet podría dilatarse hasta dos años.
Pero la llave de su libertad está en el bolsillo del secretario británico del Interior, Jack Straw, que dijo que no intervendría mientras el proceso judicial esté en marcha.
"No estamos diciendo cuándo (Londres) debe considerarlo", aclaró Valdés.
"Señalamos que en el curso de dos aûos de juicio es, no sólo difícil de imaginar sino francamente improbable, que la salud de Pinochet permita un juicio que tiene esa extensión", dijo
La solicitud chilena, afirmó, es respaldada por exámenes médicos recientes que "muestran deterioro en el último mes".
"Falta decisión, falta de voluntad política", protestó el pinochetista Labbe. "Esto no está terminando bien".
Poco antes de que Valdés anunciara que la carta llegó a Londres, Human Rights Watch presentaba en Santiago un informe sobre los derechos humanos en Chile.
José Miguel Vivanco, jefe de asuntos latinoamericanos de la organización con sede en Washington, dijo que la única salida para Pinochet es que alguien demuestre que está tan mal que no sabe lo que ocurre. Eso invalidaría el juicio.
Grupos de derechos humanos que aplauden la detención de Pinochet denunciaron la muerte de más de 3.000 personas por culpa de la violencia política desatada durante sus 17 aûos en el poder.
