La campaña para el referéndum de mañana, en el que la población guatemalteca aprobará o rechazará la reforma de la Constitución, acabó ayer en medio de encendidas polémicas entre los partidarios de ambas opciones. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohibió la propaganda electoral desde el mediodía de ayer e implantó la "ley seca" a partir de la misma hora (18,00 GMT) de hoy, sábado.
El magistrado del TSE, Mario Guerra, instó a los medios de comunicación y activistas de partidos y organizaciones civiles a abstenerse de difundir mensajes relacionados con la consulta popular y advirtió de las sanciones que pueden ser impuestas a quienes transgredan la Ley Electoral. Millares de cuartillas en las que la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), uno de los organismos representativos de las fuerzas vivas del país que más apoyó el proceso de paz, en las que llama a votar a favor de las reformas aparecieron desparramadas en los principales bulevares de la capital. Caravanas en favor del "sí", convocadas por el gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN), y del "no", por la Acción Renovadora Democrática (ARDE), recorrieron bulliciosamente la noche del jueves.
Columnas de vehículos provenientes de cuatro puntos en las afueras de la ciudad confluyeron en la sede del PAN para una concentración que puso fin a la campaña de ese partido.
Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia por el principal partido de la oposición, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Alfonso Portillo y Juan Francisco Reyes, respectivamente, apoyaron el "sí" en un mitin en el departamento sureño de Escuintla.
En el acto participó el principal líder del FRG, el general retirado Efraín Ríos Montt, que fue jefe de Estado de facto entre 1982 y 1983 tras una asonada militar que depuso al entonces presidente, el general Romeo Lucas.
El cierre de la campaña proselitista se vio enturbiado por el asesinato a tiros, ayer, del secretario general adjunto de la filial metropolitana del partido izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), Roberto González.
Los restos del asesinado líder opositor fueron velados en la capital y llevados ayer al mediodía por familiares a su pueblo natal de San Vicente Pacaya, unos 40 kilómetros al sur de la capital.
Más de 4,08 millones de guatemaltecos están convocados para el próximo día 16 a las urnas con el fin de decidir sobre 50 reformas a la Constitución, promulgada en 1985.
La propuesta de modificación de la Carta Magna, sometida a consulta popular, es parte de los compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco dentro del proceso de paz que el 29 de diciembre de 1996 puso fin a 34 años de guerra civil.
Las enmiendas son vistas por sus defensores como la plataforma para hacer viable los diez acuerdos de pacificación y consolidar el Estado de Derecho en este país centroamericano, en tanto que sus detractores afirman que profundizarán la división del país.
El Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), cúpula del empresariado, la Cruzada Cívica por el NO, el partido ARDE, la Alianza Evangélica, la Liga Pro Patria y el político demócrata cristiano y ex vicepresidente Roberto Carpio (1986-1991) invitaron ayer en anuncios de prensa a votar "no".
Mientras, la Comisión de Acompañamiento de los acuerdos de paz, la mayoría de partidos políticos, la antigua guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), las mayores federaciones sindicales, campesinas, pro derechos humanos y del pueblo maya, pidieron votar "sí".
Un espacio publicitario en los medios de comunicación pagado por seis institutos de investigación privados y universitarios destaca que de ganar el "sí" la Constitución reconocerá la naturaleza pluricultural, multiétnica y multilingüe que ha caracterizado a la nación guatemalteca.
Las enmiendas contribuirán al fortalecimiento del poder civil y a la redefinición del papel del Ejército en el contexto de una sociedad democrática, agregan, al acusar a los defensores del "no" de falsificar la verdad.
Una de las mayores sorpresas la ha dado el CACIF, organismo para el cual presentar 50 reformas en sólo cuatro preguntas es restringir a los ciudadanos su derecho a ratificar aquellas que considere convenientes, "por lo que no se respeta con ello la voluntad popular".
La máxima entidad representativa de los empresarios advirtió de las presiones que organismos internacionales han dado para aprobar los cambios constitucionales, lo cual constituye, a su juicio, una injerencia en asuntos políticos.
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