Los partidarios del ex dictador chileno Augusto Pinochet expresaron enojo y lloraron miseria frente a la decisión británica que ayer aprobó cobrar al general gastos de su enjuiciamiento en Gran Bretaña, donde permanece detenido hace ocho meses y medio bajo cargos de crímenes de lesa humanidad.
Los gastos judiciales del caso serán compartidos por el ex dictados y el fisco del Reino Unido, decidió un fallo inapelable de un comité de siete miembros de la Cámara de los Lores.
"Es una arbitrariedad", reclamó en Santiago el senador Hernán Larraín, de la derechista Unión Demócrata Independiente, el principal sustento político del pasado gobierno pinochetista (1973/90). Pinochet, 83 años, ex jefe del Ejército y actual senador, es reclamado por el juez español Baltasar Garzón, que le imputa violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la oposición a su régimen, incluidos unos 3.000 asesinatos.
Los tribunales y el gobierno del Reino Unido permitieron el arresto del general en Londres el 16 de octubre de 1998 y ahora se espera la tramitación del pedido hispano de extradición, en un proceso que comienza el 27 de setiembre en el tribunal de Bowl Street y que podría durar meses o más de un año. Según versiones de prensa, el caso Pinochet causó ya un gasto de al menos ocho millones de dólares, pero las fuentes citadas no precisaron los montos judiciales ni los costos por la estadía, cuidados médicos y protección policial de Pinochet generados durante su reclusión londinense.
"¿De dónde vamos a sacar tanto dinero?", se interrogó un portavoz de la fundación santiaguina que lleva el nombre del ex presidente, en una airada primera reacción por el dictamen de los lores de la corona que ayer ordenó la partición de gastos, sujeta a la presentación de facturas.
Una empresa santiaguina que recauda recursos para Pinochet con la venta de vinos etiquetados "Capitán General" (en alusión al rango militar de Pinochet), comunicó que responderá con una agilización del comercio, hasta ahora "dificultoso" y de rendimiento pobre, de "sólo algunos miles de dólares", según el patrocinador, Eduardo Arévalo.
"Si él es víctima de una maquinación, no debiera pagar ningún tipo de costo" (financiero), comentó Marco Antonio Pinochet, uno de sus hijos, aunque admitiendo la decisión de los lores como un mal menor.
La Fundación Augusto Pinochet centraliza el acopio del dinero para la causa del ex presidente, pero no ha difundido un balance público de las colectas que -dicen sus dirigentes- financian costos de abogados, la residencia del general y los frecuentes viajes a Inglaterra de allegados, colaboradores y familiares. La fundación la forman políticos derechistas, ex ministros del gobierno pinochetista, empresarios y oficiales militares retirados.
Su presidente, el industrial Hernán Briones, admitió recientemente una declinación de los donativos, tras un entusiasmo inicial.
El gobierno del presidente Eduardo Frei negó aportes a la defensa de Pinochet, exceptuados los desembolsos que el caso causó a su Cancillería.
La administración chilena criticó las acciones legales de España y Gran Bretaña como una extralimitación de soberanía, pero rehusó sumarse a la defensa legal ante las cortes europeas y los alegatos de inocencia.
El Ejército, que el ex dictador comandó durante un cuarto de siglo, hasta 1998, se solidarizó con una dotación de asistentes y custodios en torno a Pinochet en su casa-prisión en Surrey, en las afueras de Londres.
El gobierno de Frei lanzó en junio una ofensiva diplomática para conseguir la liberación extrajudicial si la salud del general empeora.
Pinochet, capturado mientras se reponía de una operación de columna en una clínica londinense, usa marcapasos para regular su ritmo cardiaco y sufre de diabetes, infecciones urinarias y mala irrigación cerebral, entre otras dolencias, según versiones de periódicos de Santiago.
Un matutino dijo que médicos británicos recetaron anti depresivos al ex dictador para librarlo de un desánimo creciente en los últimos días.
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