Comprometida con el cambio

Admite que buena parte de las críticas hechas al Órgano Judicial tienen fundamento real, pero se siente afortunada porque asumirá la presidencia de la Corte luego de un diagnóstico del sector, que ha consensuado soluciones.
Se refiere a las conclusiones emanadas de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, una especie de guía que le permitirá ser parte de los cambios a ese órgano de poder.
Graciela Dixon fue elegida a principios de esta semana presidenta de la Corte Suprema de Justicia, luego de ocho años como Magistrada y asume en enero venidero. En hora y media de diálogo con Semblanzas reveló que se propone darle una nueva imagen a la Corte, pero no cosmética, sino mediante la introducción de cambios que la acerquen a las expectativas que tiene la comunidad.
Es muy importante reconocer que buena parte de las críticas que se han formulado al órgano judicial tienen un fundamento real. Y digo "buena parte" porque cuando las cosas son inventadas suelen demoronarse fácilmente. Pero cuando tienen algún fundamento en la realidad entonces es más fácil magnificarlas, incluso sacarlas de contexto cuando la voluntad no es sana, dijo.
La Magistrada Dixon logró la posición con cinco de los nueve votos que componen el pleno de la Corte. Inesperado para unos, alegría para otros, Dixon es una conocida activista afroantillana desde su juventud, con posiciones políticas "patrióticas y revolucionarias", como ella misma las define, pero que a estas alturas de su vida profesional trazan una distancia significativa en los enfoques, aunque los principios permanezcan intactos.
"….cuando era más joven, tenía una visión muy parcial del mundo y de la sociedad. Debo decir que el tiempo me ha dado la oportunidad para darme cuenta que estaba equivocada, en cuanto a pensar que mi visión era la visión universal y la única válida. Creo que la vida me ha enseñado que en todos los sectores siempre hay gente y aportes positivos que pueden contribuir a formar un todo también más positivo de lo que tenemos en el presente. Eso me ha permitido reconocer el valor de personas que en aquella época ni siquiera los hubiera mirado (…) Hoy sé que son personas nobles, que tienen la misma aspiración que yo tenia y que yo comparto hoy día, y que vale la pena que juntemos nuestros esfuerzos", apuntó.
Una abogada colonense, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en 1978, y que es desde sus años estudiantiles una luchadora social que no niega su pasado, que se reafirma en sus convicciones, pero que admite que los años le han enseñado que el mundo es más amplio y abarcador que el que concebía en aquellos años.
Hija de John Dolnad Dixon y Janette Clair Caton (keyton), nació en Ciudad de Colón y su niñez la pasó en calle 8, entre la avenida Meléndez y Santa y Santa Isabel. Hizo su escuela primaria en el colegio católico San Vicente de Paul y los secundarios en Abel Bravo. Está casada con Humberto Cerrud y es madre de Graciela Libertad.
Nieta de emigrantes granadienses, encontró en su adolescencia a un profesor que la marcaría de por vida: Alfred Rowe, quien le enseñaría a llevar con orgullo el color de su piel y a mantener la autoestima. Somos negros y somos hermosos, somos negros y somos inteligentes, recordó la ahora elegida Presidenta de la Corte, durante la entrevista que nos concedió.
Yo empecé a pensar que él tenía la razón, de manera que recuerdo que mi primer acto de insurrección estudiantil fue un día que yo decidí ir a la escuela con trenzas, me llevaron a la dirección porque me hice un canrroll. Ese peinado era inadmisible y me llevaron a la dirección. Mi profesor en señal de protesta fue a la escuela con zapatos de colores distintos en cada pie, como una manera de manifestar mi protesta, recordó.
Nos confesó dos días después de la elección que aun no podía creer que fuera cierto, algo como lo que Ricardo Stevenes dijo al respecto este miércoles por una emisora de radio colonense: Por dios.. no me despierten. Una frase que resumió el impacto y la alegría de la comunidad afroantillana, y de aquellos que reconocen en la Magistrada Dixon a una mujer talentosa y progresista.
En su despacho, a su espalda, alfondo a l izquierda, Graciela Josefina Dixon Cato, tiene el emblema que la defin: una foto de Martin Luther King el defensor de los derechos civiles de los negros y a cuya sombra creció.
Soy de una generación de gente comprometida -nos dijo- y entre los que citó al también colonense y Ministro de Gobierno y Justicia Héctor Alemán, a la viceministro Olga Golcher, al destacado y desaparecido periodista Justo Fidel Palacios.
¿Y la visa? Con la misma sonrisa que mantuvo durante toda la entrevista dijo que ese trámite está suspendido. La visa se venció en febrero de 2004 y para renovarla la nueva política migratoria estadounidense le exige, como a todos, foto y huellas. Ella se niega, dice que no es terrorista y siente como excesiva la medida.
Semblanzas: ¿Cuáles son los principales retos que identifica para su período?
GD: Entre los principales está trabajar por mejorar la imagen de la Institución, no como una labor cosmética, sino de introducir los cambios necesarios para que empiece a marchar mejor, para tratar de acercarla un poco más a las expectativas de la ciudadanía y particularmente de los propios trabajadores del órgano judicial. Es muy importante reconocer que buena parte de las críticas que se han formulado al órgano judicial tienen un fundamento real. Y digo buena parte porque cuando las cosas son inventadas suelen demoronarse fácilmente. Pero cuando tienen algún fundamento en la realidad entonces es más fácil magnificarlas, incluso sacarlas de contexto cuando la voluntad no es sana. Cuando la voluntad de aquellos que formulan la crítica es sana, esas críticas deben ser tomadas con una perspectiva transformadora.
Semblanzas: "Introducir cambios" ha dicho.¿Qué relación establece entre esa propuesta y los planteamientos formulados dentro del Pacto de Estado por la Justicia?
GD: Bueno siento que soy una mujer afortunada. Tengo la suerte de asumir la presidencia de la Corte en momentos en que ha habido una labor previa de identificación de los problemas, de formulación de propuestas para enfrentarlos, y en circunstancias también, en que ha habido una convergencia de voluntades para trabajar en la ejecución de esas propuestas que se han concertado a través del Pacto de Estado por la Justicia. No estoy segura si todo lo allí planteado lo vamos a poder lograr, pero vamos a hacer el esfuerzo de trabajar en esa dirección.
Semblanzas: Ha admitido hace un momento que muchas de las críticas que se hacen al órgano judicial tienen un fundamento real. Una de ellas va dirigida contra la forma cómo se escogen a los Magistrados…
GD: Observé con mucha atención el debate que se dio en el Pacto de Estado Por la Justicia en cuanto a la forma de escoger a los magistrados. Y me preguntaba si realmente el problema está en la forma de escoger a los magistrados. Llegué a la conclusión que el problema no es tanto la forma cómo se escogen a los magistrados. Nuestra Constitución establece un mecanismo dinámico, permite que intervengan dos poderes del Estado, y hemos tenido incluso la experiencia reciente de la intervención ciudadana en el proceso de designación de magistrados y que esa intervención ciudadana tenga una incidencia en la actuación de los poderes que tienen esa facultad. Hace algunos años, el Órgano Ejecutivo postuló para la magistratura de la Corte Suprema de Justicia a dos abogados de nuestra localidad, uno de los cuales recibió fuertes críticas de diversos sectores, y finalmente en la Asamblea Legislativa se generó una dinámica interna que evidenció que la ratificación no se iba a dar. Y esto provocó que el aspirante a Magistrado renunciara a tal aspiración. Pero esto no ocurrió de manera mágica, fue el resultado de un debate político que se dio en la sociedad panameña. De manera que ahora cuando se discute que hay un problema en la forma de designar a los magistrados, siento que hay más bien un desenfoque. No se está enfocando lo que realmente le molesta a la sociedad.
Semblanzas: ¿Y qué es, a su criterio, lo que le molesta a la sociedad?
GD: Ahora mismo los magistrados se designan por el Órgano Ejecutivo; la Asamblea de Diputados debe ratificarlos, y no hay nada que impida que toda la sociedad civil, los grupos organizados opinen en torno a la propuesta que presente el Ejecutivo y que incluso hagan propuestas de candidatos, para la Magistratura de la Corte. Esta participación de dos poderes del Estado revela un contenido altamente democrático en cuanto a la forma como se designa al magistrado. Por eso yo digo que ahí no está el problema.
Semblanzas: Cuando se propuso el Pacto de Estado por la Justicia hubo planteamientos de sacar a todos los magistrados y escoger otros.
GD: Creo que ese no fue nunca un planteamiento responsable. Primero porque eso iba a crear una crisis institucional, de Estado. Un país que se dice democrático, de derecho, no puede, porque hay un sector social que le parece que hay cosas que andan mal en un órgano del estado, proponer la fórmula del "borrón y cuenta nueva". Pienso que es irresponsable, porque no se puede atribuir a todos un cargo que no ha sido debidamente establecido. Sí, tenemos problemas, y tenemos que atenderlos, pero necesitamos crear una situación social en donde las personas sientan la confianza de poner la denuncia.
Semblanza: ¿Qué recomendación a hecho al respecto el Pacto de Estado por la Justicia?
GD: El Pacto de Estado por la Justicia lo que ha hecho es recomendar que una comisión evalúe a los aspirantes y de esa evaluación haga una recomendación al poder Ejecutivo. Eso está bien, a mi me parece bien, pero es que no se limita a lo que recomiende la Comisión, porque igual puede haber otro sector de la sociedad que también haga recomendaciones. Yo creo que es muy positivo que haya un sector o dos o tres o cinco, que consideren que las personas que deban ser evaluadas por el Presidente y su gabinete cuenten con algún tipo de aval o respaldo de alguna parte de la sociedad, porque le da más participación democrática a la sociedad. A final de cuenta, lo que decida el Ejecutivo deberá pasar a la Asamblea Legislativa para la ratificación, y ese es el ejercicio democrático del que yo hablo. Por eso digo que ese no es el problema.
Semblanzas: ¿Entonces dónde está el problema?
GD: Está en que la ciudadanía y algunos sectores, que yo incluso definiría como sectores políticos, que han reaccionado en contra de la selección que en un momento político determinado hizo el Órgano Ejecutivo. Por eso digo que en estas cosas es importante serenarse y tener cuidado de no comprometer la Institucionalidad Jurídica y política del Estado. Voy más lejos. Hay sectores que han cuestionado la selección que el Ejecutivo hizo de algunos magistrados en su momento y su consecuente ratificación por la Asamblea Legislativa. Pero por ese sentimiento contrario a la decisión de los dos órganos políticos, resulta que al que se ha atacado es el Órgano Judicial. Nosotros no somos responsables de esa decisión. El Órgano Judicial no es responsable de que el Ejecutivo en un momento determinado haya seleccionado equis persona, y de que el legislativo de ese momento los haya ratificado. En última cuenta, somos los receptores de una decisión externa a nosotros. De manera que atacar al Órgano Judicial me parece un desenfoque de parte de quienes se encuentran en desacuerdo.
Semblanzas: Pero las críticas hacia el sector judicial implican otros señalamientos. El tráfico de influencias en la Corte, y hay quienes se declaran desencantados con el papel imparcial que se supone debe de asumir este organismo.
GD: Es cierto, hay críticas en esa dirección, pero esas críticas no se limitan a la Corte Suprema de Justicia, además no son recientes, se han hecho en general a los jueces en distintas instancias. Se ha hablado mucho del tráfico de influencias como una de las manifestaciones de corrupción. Estas cosas se han dicho y yo pienso que si se han repetido mucho es porque algo deben tener de ciertas. Ahora, ¿qué hacemos con el problema?. Esto requiere de un asumir de responsabilidad de todas las instancias del poder judicial y de los sujetos externos al poder judicial que son los que denuncian este problema. Si hay un juzgador que vende un fallo, eso debe ser denunciado, debe presentarse las pruebas, y permitirse abrir los procesos necesarios para poder aplicar el correctivo, sancionar a ese juzgador y si es necesario separarlo de la administración de justicia. El problema de la corrupción tiene varias partes: el que propone la corrupción, el que la ejecuta, el que compra y el que paga. Y el que apadrina. Es una combinación de gente involucrada en esto. ¿Yo qué quiero hacer durante mi período? Crear las condiciones, abrir un espacio que haga posible que las personas que son llevadas a un acto que se aparte del correcto funcionamiento de la administración de justicia, puedan denunciarlo y podamos ponerle la mano encima a ese fenómeno.
Semblanzas: Hay un clamor en la sociedad porque cesen lo que algunos llaman privilegios de los magistrados. ¿Cuál es el su enfoque sobre esto?
GD: Eso tiene varios ángulos. A nadie le gusta sentir que hay otros que ganan más que ellos. Es lógico y comprensible que en un país con dificultades como el nuestro, donde tenemos un índice de pobreza elevado, resulte de mal gusto que unos cuantos tengan ingresos superiores. Eso es típico y característico de una sociedad de clases como la nuestra. Así que yo lo entiendo. Pero qué ocurre cuando tienes una sociedad con esta disparidad y tienes un número plural de personas que tienen que cumplir cierta labor. Las características de esa labor imponen determinadas condiciones limitantes y exigentes. Para poder atender esas condiciones, el Estado se ve obligado a proveer ciertas cosas que ahora las han querido llamar privilegios y que yo las defino como componentes del ingreso que recibe el funcionario público. Eso no es potestativo ni exclusivo del sector público. También en el sector privado existen esas condiciones especiales. Usted cree que el presidente de equis banco o equis empresa tiene el mismo ingreso que tiene el cajero? O que se mueve con las mismas condiciones que el gerente de personal.
Eso significa que mi ingreso es correlativo al tipo de trabajo que yo tengo. Yo no puedo estar de acuerdo con la propaganda que dice que debemos renunciar, que ganamos demasiado, eso no es cierto si lo vemos en proporción a lo que hacemos.
Semblanzas: En estos días hemos venido percibiendo a través de los medios denuncias de personas que antes fueron condenadas por fiscales, por jueces, etc, y aprovechando los cambios que se han producido han pasado a denunciar a las autoridades que antes les habían sancionado, con una aparente complacencia de los nuevos designados ¿Es esto beneficioso para el Órgano Judicial?
GD: Eso es parte del problema. Cuando se generan este tipo de campañas y no con la intención de corregir sino para sacar provecho de otro tipo, eso crea espacios para que personas que pueden sentirse resentidas o descontentas con decisiones que se pueden haber tomado frente a ellas, se monten en esas campañas. Creo que todo el mundo tiene derecho a hacer críticas, pero las críticas deben ser responsables, positivas y uno debe analizar bien de quién y de dónde vienen las críticas para poder entender qué motivación puede haber detrás de ellas.
Semblanzas: ¿Y los expedientes archivados? ¿Cómo espera enfocar este problema?
GD: Los retrasos en las salidas de los expedientes no siempre se dan porque haya un juez que quiera retener los expedientes. Puede haber casos de esos, sí, pero no siempre es eso. Es que hay un proceso definido en la ley, que establece pasos a seguir y la posibilidad de que los abogados puedan interponer recursos, incluso de que el propio interesado pueda interponer recursos. Voy a hacer un esfuerzo por actualizar los estudios que hay en torno a los factores que intervienen en la mora judicial. Aquellos procesos que se consideran de alto perfil fueron inventariados por la Corte bajo el presidente José A, Troyano, con el objetivo de tratar de estudiar si es que puede decirse que estos proceso están aguantados por alguna razón a las que son admisibles, es decir por el mismo ritmo. Precisamente porque son procesos de alto perfil demandan más debate y más análisis. Y eso también interviene en el tiempo en que demoran en salir. Pero tenga la plena seguridad que todos van a salir, haremos un esfuerzo para que ese momento no sea demasiado distante.
Semblanzas: Una de las condiciones básicas para que los países se desarrollen es la presencia de un sector judicial fuerte, sin embargo parece existir, en el tema económico, una incoherencia entre la responsabilidad que tiene el sector judicial y su bajo nivel presupuestario.
GD: Ese es un problema muy serio. Ya lo hemos comenzado a conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas y que vamos a tener que ir enderezando. Parte del problema es que al órgano judicial a veces se le mira como si fuera otro ministerio. Y cuando el Ejecutivo empieza a aplicar medidas de contención, sin que se de un diálogo, un debate con las autoridades del órgano judicial, se nos imponen medidas de contención sin tomar en cuenta las características específicas del servicio que brindamos a la ciudadanía, y sin tomar en cuenta algo que es para mí de mayor trascendencia: este es un poder del estado, es un órgano del estado que por lo tanto merece un tratamiento distinto. No es posible que hablemos de independencia judicial, y que por el otro lado estemos sometidos en lo económico. Hemos tenido una magnifica experiencia de trabajo con el MEF a propósito de la discusión del presupuesto de funcionamiento y de inversión del órgano judicial para el año 2006, y a propósito de la elaboración del presupuesto plurianual, hasta el año 2009.
Semblanzas: En los últimos años ha sido creciente la participación de la sociedad civil en los debates más críticos de la sociedad. ¿Cómo evalúa Graciela Dixon este papel de fiscalización que la sociedad civil?
GD: Toda participación externa al poder judicial de quienes estén interesados en conocer cómo funcionamos, en coadyuvar a mejorar la manera como funcionamos, es positiva y debe ser admitida. Ahora bien, hay grupos legítimos de la sociedad que tienen críticas. Son organizaciones que agrupan un número plural de ciudadanos de distintos sectores de la población, y que es correcto que formulen su crítica, pero yo no estoy segura que sea bueno pensar que en ellos se reduce la sociedad civil. La sociedad es mucho más amplia y más heterogénea, que aquellos que han estado hablando en su nombre, a menos que el concepto "sociedad civil" sea el término para identificar a este colectivo de organizaciones que, como he dicho, legítimamente pueden y han venido señalando críticas. Pero hay otros sectores que quizás han sido menos beligerantes a través de los medios de comunicación, y no cuentan a su disposición con un periódico, ni tienen un financiamiento permanente o estable. A mi me han llegado representantes de esos sectores que también tienen una visión respecto a los problemas que confrontamos y por eso creo que es bueno que todo el mundo pueda opinar. Asi que no creo correcto reducir la sociedad civil a un colectivo específico que tiene una agenda específica, y que tiene una actividad o beligerancia específica.
Semblanzas: Cuando Joseph Donald Dixon, llegó a Colón a principios del siglo XX, miró largamente el lugar. Llegó en un barco grande junto a otros miles de antillanos para ser uno de los constructores del canal. No venía para quedarse, sino para trabajar y luego volver a su nativa Grenada. Pero aquel medio día, bajo un sol que picaba en la piel, con sombrero y una sonrisa de dentadura blanca y perfecta, no se imaginaba ni remotamente que casi cien años después una nieta suya ocuparía la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, de un país al que lo había empujado el destino.