Peritos forenses confirmaron ayer evidencias de una matanza de siete indígenas en el sureño estado mexicano de Chiapas, anterior a la de otros 45 perpetrada en diciembre por paramilitares.
La versión oficial sobre el cruento episodio coincidió con una controversia desatada en México por la visita de más de un centenar de observadores internacionales, interesados en verificar la situación de derechos humanos en Chiapas. Miembros de una Comisión Civil Internacional de Observación por Derechos Humanos dijeron que su misión en México era recabar informes sobre la masacre de 45 simpatizantes de la guerrilla zapatista, asesinados el 22 de diciembre por un grupo paramilitar que invadió el poblado indígena de Acteal. Funcionarios del gobierno mexicano autorizaron el ingreso de los observadores, pero bajo expresa advertencia de que no se entrometan en "actividades políticas" con riesgo de ser expulsados del país. Indígenas tojolabales ratificaron ayer que el 18 de octubre de 1997 denunciaron la matanza de siete miembros de esa etnia maya a manos de un grupo armado que los secuestró, torturó y ejecutó a balazos en la comunidad El Vergel, a unos 200 kms. de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Pero la denuncia, sentada en un expediente judicial abierto el 13 de noviembre, nunca fue investigada hasta el hallazgo de siete cadáveres en la profundidad de una quebrada, notificada el viernes por una mujer.
"Las siete personas fueron privadas de la vida con disparos de armas de fuego", detalla un informe oficial de los peritos que practicaron necropsias en los restos de los siete indígenas. Javier Hernández López, uno de los sobrevientes de la matanza en que perecieron su padre y cuatro hermanos, denunció que la ejecución fue perpetrada por miembros de la organización Lucha Campesina, vinculada al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
