El Congreso de Colombia descartó un proyecto para permitir el intercambio de militares y policías capturados por la guerrilla por rebeldes encarcelados, dijeron ayer fuentes legislativas.
La decisión, adoptada el martes, constituye un nuevo escollo para el proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo rebelde más numeroso y antiguo del continente. Las FARC tienen en sus manos a más de 350 miembros soldados y policías que capturaron desde diciembre de 1997 y propusieron al gobierno buscar la aprobación legislativa de una ley que facilite su canje por unos 450 guerrilleros encarcelados.
"No es posible, no se entendería en Colombia que aprobáramos una ley que permitiera poner en libertad a una serie de insurgentes acusados de secuestros, mientras que los secuestrados continúan en cautiverio", dijo el parlamentario Luis Fernando Velasco en declaraciones a periodistas.
La Comisión de Paz del Congreso advirtió a la guerrilla que antes de promulgar una ley de canje, las FARC deben liberar a la totalidad de personas que mantienen secuestradas, incluidos soldados y civiles.
Un reciente informe del jefe de la lucha contra el secuestro, José Alfredo Escobar, reveló que en la actualidad más de 1.000 personas se encuentran secuestradas, la mayoría por rebeldes izquierdistas y por causas económicas.
El gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC habían dicho que el tema del canje se manejaría paralelamente a las negociaciones de paz y que no incidiría en las mismas.
No obstante, analistas temen que la decisión del legislativo pueda obstaculizar el incipiente proceso de paz luego que las FARC cuestionaron el fin de semana al Congreso por no agilizar el tramite del proyecto de ley de canje.
"Ustedes han mostrado poco interés para que el canje como anhelo nacional se materialice", dijo el grupo rebelde en un comunicado enviado a los medios de prensa.
"Las FARC no están pidiendo ni amnistías, ni indultos, ni intercambios de prisioneros, sino una ley de canje, que posibilite, en caso de continuar el conflicto social y armado en Colombia, la salida de los militares prisioneros de guerra, al igual que los guerrilleros capturados", agregó. Pese al llamamiento de la guerrilla, el Congreso sostuvo que no es conveniente aprobar el proyecto porque sería legalizar la retención de militares para que después los rebeldes los intercambien por sus combatientes encarcelados.
Adicionalmente, el legislativo explicó que en Colombia se registra un conflicto interno y no debe haber intercambio de prisioneros, a no ser por razones estrictamente humanitarias.
"Consideramos que la ley de canje es una ley de guerra y a eso no le ponemos entusiasmo", dijo el legislador conservador, Roberto Camacho al responder a las FARC.
Pastrana, quien asumió hace casi 10 meses, ha centrado su gestión en la búsqueda de un fin a la guerra de guerrillas más prolongada del continente, que sólo en la última década dejó 35.000 civiles muertos.
Pero su incipiente proceso afronta varias dificultades que se agravaron esta semana con el secuestro masivo por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo rebelde del país, de más de 140 feligreses en un templo católico de la ciudad de Cali, 60 de los cuales continúan privados de la libertad.
