El Congreso peruano aprobó ayer una ley que prohibe a personas con juicios pendientes a postularse a algún cargo público, con la que frenó una candidatura del ex presidente Alan García al parlamento.
La iniciativa fue presentada de forma sorpresiva y aprobada a las tres de la mañana, luego de que el Congreso debatió por más de 14 horas el retiro del país de la competencia judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Analistas y políticos de oposición dijeron que la ley estuvo dirigida a impedir que el exiliado García, sobre quien pesa un juicio por cargos de corrupción, busque un escaño en el Congreso en las elecciones del 2000. "Creo que está dirigido contra Alan García y se han equivocado en la forma de actuar. No se le puede impedir ser candidato... no es legal", dijo el congresista oficialista Carlos Ferrero durante la discusión.
En tanto, legisladores del partido de García, el APRA, calificaron de "aberración" la ley y anunciaron una reunión de emergencia para decidir sus próximas acciones.
"Es anticonstitucional y está dirigida contra el ex presidente García", dijo Jorge del Castillo, secretario general del partido aprista.
El ex presidente ha sido declarado "reo contumaz" por tribunales peruanos por presuntamente haber cometido delitos graves en contra del Estado durante su gobierno entre 1985 y 1990, y no haberse presentado a la justicia.
García se asiló en Colombia en 1992, cuando salió de Perú luego que el presidente Alberto Fujimori asumió poderes extraordinarios, aunque viaja constantemente a París. La dirigencia del APRA había acordado que García, de 50 años, encabezará la lista de candidatos del partido al Congreso en las elecciones del 2000.
En caso de ganar, el ex presidente podría apelar a su inmunidad parlamentaria para evitar los juicios en su contra, en los que aún no hay sentencias.
Pero un enemigo político del ex presidente, apoyado por la mayoría oficialista, presentó el proyecto alegando que "va a impedir que la impunidad triunfe".
"Esta es una ley de propiedad política para que la buena fe de los electores fanáticos o desinformados sea utilizada para pactos de impunidad de ex presidentes, ex ministros, de ex congresistas y altas autoridades de la República", dijo el promotor de la legislación, Fernando Olivera, del Frente Independiente Moralizador. Analistas consideraron que esta es una nueva estrategia de Fujimori para aptar respaldo popular en su eventual carrera hacia una histórica tercera postulación presidencial.
García, quien dejó Perú sumido en una ola de violencia guerrillera y de crisis económica en 1990, es una de las personas menos populares del país.
Sin embargo, cuenta con una base de simpatizantes del partido socialdemócrata APRA, el más antiguo de Perú, y de una parte de independientes que critican duramente al gobierno de Fujimori.
