Ricardo Marcenaro, encargado de la presidencia del Congreso, aseguró ayer sábado que el legislativo no dar marcha atrás en el caso de los tres magistrados destituidos por rechazar una ley que posibilita al presidente Alberto Fujimori a una segunda reelección para el 2000. "La destitución a mediados de 1997 fue en virtud de un mandato soberano del Congreso luego de examinar la conducta funcional de los magistrados", dijo Marcenaro, uno de los hombres de la línea dura del gobierno, que quedó a cargo del legislativo cuando su presidente Víctor Joy Way fue nombrado primer ministro y ministro de Economía.
El Congreso peruano cuenta con una amplia mayoría oficialista representada por Cambio 90 Nueva Mayoría, que tiene 71 de los 120 parlamentarios en un sistema legislativo unicameral.
El congresista calificó la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA como "simple opinión" de "un grupo de personas" de la comisi¢n para "poner a los tres ex magistrados (Delia
Revoredo, Manuel Aguirre y Guillermo Rey) al Tribunal Constitucional.
"El Gobierno est en la facultad de acatarlo o no hacerlo", agregó Marcenaro tras indicar que en todo caso "basta con cubrir las tres plazas vacantes en el tribunal y se cumplir con la recomendación de la comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA", precisó.
Señaló que su agrupación política pidió a la oposición formar parte de la comisión seleccionadora de candidatos a magistrados para el tribunal, ya que
de acuerdo a la Constitución peruana se requiere un tercio 80 de 120 congresistas para estos nombramientos.
Hace algunas semanas, la oposición en pleno aseguró que ningún miembro aceptar integrar dicha comisión seleccionadora y exigió al oficialismo
reponer en sus cargos a los magistrados destituidos.
Señalaron que los ex magistrados procedieron de acuerdo con sus facultades porque la ley de "interpretación auténtica" aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Fujimori es anticonstitucional.
La constitución peruana señala "que el presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional".
El presidente Fujimori fue elegido en el 1990 y reelegido en 1995.
Por su parte, el magistrado destituido Guillermo Rey dijo a la prensa que no tiene ningún motivo de optimismo, pero que no pierde la esperanza como peruano y patriota que se reponga la institucionalidad en el país. Advirtió que en caso que no se acepte la recomendación de la CIDH, los tres ex magistrados y el gobierno sustentar n sus posiciones ante la Corte de San José. La CIDH dio un plazo de dos meses, que comenzó a correr a partir del pasado 14 de diciembre, por lo que culminar el 14 de febrero, para que el gobierno peruano acepte la recomendación de reponer en sus cargos a los ex magistrados del Tribunal Constitucional. En caso de que el gobierno no acate, la CIDH haría público el documento con las recomendaciones y daría un plazo de un mes m s para ser ejecutada.
Si persiste la negativa se presentar la denuncia al Tribunal Interamericano de Costa Rica, cuya sentencia es obligatoria.
Si el gobierno peruano persiste en su negativa de aceptar los mandatos internacionales, sería un hecho grave porque el desprestigio mundial y las sanciones económicas traerían serias consecuencias para el país, consideran analistas.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
