El gobierno de Martín Torrijos ha mostrado interés de impulsar el régimen de Carrera Administrativa desde el principio de su gestión y así fue que se restablecieron los órganos de Carrera Administrativa que estaban en acefalía, según el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real.
Se estableció inmediatamente un plan piloto de acreditación con el Ministerio de Salud y se acreditaron en agosto del 2005 alrededor de 677 servidores públicos. Al acto asistió el propio mandatario.
Simultáneamente se inició un plan estratégico de acreditación con el resto de las instituciones que estaban dispuestas a someterse al ordenamiento institucional que exige el sistema.
En Panamá, el sistema de Carrera Administrativa contempla dos formas de ingreso: por el ingreso automáticamente tomando en cuenta dos requisitos: escolaridad y experiencia solamente, para aquellos servidores públicos que se encuentran laborando en las instituciones hasta septiembre de 1997, fecha en que se reglamenta la ley, así lo establece el artículo 67 de la ley 9 de junio de 1994.
Según Real, después de esta fecha se entra a través del sistema de concurso.
Panamá todavía no esta en esa etapa, solo estamos acreditando la primera forma que se denomina procedimiento de especial ingreso.
Real señala que según cálculos, aún falta ingresar al sistema alrededor de 32,000 servidores
Será que los temas de corrupción van a reventar a final del gobierno, pero no hemos tenido ningún caso de corrupción que nos puedan dar con nombre y apellido.
Sumados a los que ingresaron después de 1997, que son más o menos 26,000 hacen una población de 58,000 puestos de carrera administrativa dentro del sector público. Pero esos 26,000 tendrán que ingresar por concurso público.
Solo nos estamos concentrando en los 32,000 servidores, de los cuales ha ingresado un total de 4,003 servidores públicos.
Real explicó que la meta de acreditaciones para el 2007 es de 15,000 servidores públicos, para lo cual hay un avance de un 8%. Mientras que la meta para el 2008 es de 6, 522 servidores públicos.
El ministro hizo énfasis en el tema de la utilización de instrumentos legales y administrativos para invitar y orientar los diputados de la República a diseñar y construir un proceso de reingeniería de la gestión de la Asamblea, que garantice mayor eficacia y transparencia. Por ello se aprobó el Código de Ética y Honor Parlamentario mediante la Ley 33 de 27 de octubre de 2005, con el propósito de establecer valores éticos.
En el tema de corrupción, a partir del 1 de abril de 2006, mediante resolución N°.16 de 14 de marzo de 2006, se incorporó la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación a las reglas igualitarias de turno y de reparto, junto a otras dos fiscalías anticorrupción.
La Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental trabaja de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional para lograr así los objetivos de mejorar los servicios a los ciudadanos, reducción de gastos y una mayor transparencia, para cumplir las metas de modernización propuestas por el Estado.
Hay mejoras en los mecanismos para lograr una mayor transparencia en las licitaciones públicas y se ha logrado mejorar el sistema de denuncias de actos de corrupción ante la Contraloría. Se tiene acceso a información en la pagina web de la Contraloría.
Se ha mejorado la práctica de la transparencia informativa, utilizando el Internet para informar sobre decretos, disposiciones, nombramientos, contrataciones, compras y alquileres del sector estatal.
Sin embargo, críticos como Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana, señala que hace falta implementar la Ley de Carrera Administrativa y presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley General de Sueldos.
Asimismo, fortalecer las Fiscalías Anticorrupción y dotarlas de personal y recursos para asegurar el efectivo cumplimiento de sus misiones.
Otro aspecto que hace falta es reformar la Ley 59 sobre enriquecimiento injustificado, estatuir la obligación del funcionario a declarar los cambios patrimoniales que superen los 25 mil dólares y la obligación de la Contraloría de auditar las declaraciones al final del periodo.
Además, que la Asamblea Nacional apruebe la ley que mejora la investigación de los casos de enriquecimiento injustificado que fue aprobada por la Comisión de Estado por la Justicia y donde se elimina la prueba sumaria y se establecen mecanismos más ágiles para la investigación.
