El escándalo por corrupción administrativa en el Congreso de Colombia, que llevó al Gobierno del presidente Andrés Pastrana a convocar un referendo que prevé la disolución del Legislativo, creció en las últimas horas con las revelaciones de un detenido funcionario de la Cámara de Representantes.
Saud Castro, ex director administrativo de la Cámara, detenido a raíz de las denuncias sobre la adjudicación irregular de 60 contratos de prestación de servicios por 2,7 millones de dólares, en menos de 48 horas en diciembre pasado, inculpó al ex presidente de la corporación legislativa, Armando Pomárico.
Otras siete personas, entre funcionarios administrativos y contratistas, han sido detenidos hasta ahora por orden de la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación que adelanta por el caso.
Aunque Pomárico milita en el opositor Partido Liberal, hace parte del sector de esa colectividad política que apoya al Gobierno conservador de Pastrana, y por exhortación de Pastrana, renunció el pasado 25 de marzo a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Representantes tras destaparse el escándalo.
De acuerdo con la indagatoria que la Fiscalía le adelantó, y varios de cuyos apartes fueron revelados por el privado canal de televisión Caracol, Castro aseguró que Pomárico intentó comprar su silencio a través de dos abogados, que le ofrecieron un soborno por 200 millones de pesos (unos 100,000 dólares).
Además del soborno, según Castro, los abogados de Pomárico le ofrecieron una remuneración mensual de diez millones de pesos (5.000 dólares), "mientras durara el proceso, si yo me abstenía de narrar los hechos".
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