Los dos principales aspirantes a desplazar del poder al partido que gobierna México desde hace 71 años incrementaron sus temores ante la amenaza de fraudes y otras maniobras que enturbiarían la última elección presidencial del siglo.
Algunas de estas preocupaciones fueron compartidas por cuatro de los nueve consejeros del máximo órgano responsable de los comicios generales del 2 de julio.
Vicente Fox, un empresario de derecha erigido como el opositor con mayores opciones de victoria, según las encuestas, advirtió en su más reciente discurso de campaña que acatará los resultados electorales, "siempre y cuando no haya fraude".
El izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, por tercera vez consecutiva candidato a la presidencia, retó el martes a los restantes cinco postulantes presidenciales a exigir nuevas elecciones, si el proceso no es "transparente" y "limpio".
Tanto Fox como Cárdenas representan el peor desafío histórico para el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder en México desde 1929 y cuyo candidato, Francisco Labastida, encabeza las preferencias preelectorales, pero con una estrechísima ventaja.
Fox afirmó que la Alianza por el Cambio, en que se unieron su Partido Acción Nacional (PAN) y el Verde Ecologista, denunciará e impugnará cualquier maniobra "fraudulenta" que distorsione el voto presidencial y legislativo al que tienen derecho poco menos de 59 millones de los 100 millones de mexicanos.
El empresario, de 57 años, acusó al presidente Ernesto Zedillo, el décimo tercer mandatario que el PRI llevó al poder en siete de décadas, de "entrometerse" en el proceso al negarse a aceptar un llamado de la autoridad electoral para suspender la propaganda política de las obras y programas de su gobierno.
Cárdenas, en tanto, planteó la necesidad de que se monte un vasto aparato de observación, nacional e internacional, "ahí donde el partido oficial quiere chantajear el voto ciudadano", principalmente en las zonas rurales.
Zedillo, cuyo gobierno concluirá en diciembre, se sumó al pesado fuego verbal de la campaña en su fase final y lanzó el martes un enérgico llamado de atención a los candidatos a sucederlo en el cargo.
"Cualquier insinuación de desacato a la ley o a la voluntad de la mayoría constituye un acto reprobable de intimidación a la libertad de los ciudadanos", dijo el jefe de Estado.
Entre los temores que crecen respecto a la transparencia de la elección del 2 de julio figuraron, también, los expresados el martes por cuatro consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), principal responsable de la consulta, durante una reunión con corresponsales extranjeros.
Los miembros del organismo, que por primera vez conducirá una elección presidencial en México desde una posición autónoma y plenamente independiente del gobierno, coincidieron en manifestar sus preocupaciones sobre algunos aspectos del "contexto" en que se verificará la crucial elección de fin de siglo.
"El IFE le pidió al presidente (Zedillo) que suspenda la campaña más intensa de publicidad en la historia del sexenio para promover los trabajos y proyectos de su gobierno, pero no nos contestó (...) asumimos que su respuesta fue "no", porque no la suspendieron", dijo el consejero Emilio Zebadúa, sin filiación partidaria, como el resto de sus ocho colegas.
Otros de los consejeros se refirieron, en cambio, a la "compra y coacción del voto" y a la "grave y muy inequitativa" cobertura noticiosa de la campaña por parte de los medios de comunicación, particularmente los más poderosos: los electrónicos.
El consejero Jaime Cárdenas sostuvo: "todo el mundo sabe que los medios en México, sobre todos los electrónicos, son muy inequitativos, que están dando mucho tiempo a un solo candidato, que están valorando negativamente a los candidatos opositores".
Supervisiones realizadas por el IFE mostraron que la cobertura televisiva y radial del proceso concedió amplios y mayores espacios al oficialista Labastida en desmedro de sus rivales.
"Este es un país de pobres. Lamentablemente, estamos llenos de pobreza, y hay compra y coacción de voto", dijo, en tanto, el consejero Juan Molinar, respecto a los casi 60 millones de pobres mexicanos y a las frecuentes denuncias que involucran el PRI y su gobierno en esa conducta irregular, también vinculada con el uso electoral de sus programas sociales.
Zebadúa afirmó que el IFE, creado en 1996, tiene montada este año "la mejor organización operativa en toda la historia electoral de México".
Pero Molinar lamentó que el organismo tiene facultades limitadas y no dispone de atribuciones "regulatorias o coercitivas" para enfrentar el "problema estructural" de "la compra de votos en un país de pobres" o equilibrar la cobertura informativa en los medios.
"La coacción y el asunto de los medios impactan definitivamente en la elección, pero el IFE está inerme ante ellos", dijo Cárdenas.
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