Crisis institucional en Perú

Estados Unidos enfatizó ayer su desaprobación ante la intransigencia del gobierno del presidente Alberto Fujimori, al condicionar una nueva elección a la aprobación de la ley de amnistía para los militares acusados de violación de los derechos humanos, lo que provocó la renuncia del vicepresidente Francisco Tudela, creando una nueva crisis institucional.
En sus declaraciones públicas, tanto el Departamento de Estado como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), inhibieron su irritación ante la más reciente maniobra del presidente peruano, y el inesperado regreso de su ex asesor político, Vladimiro Montesinos, quien abandonó Panamá, donde había ingresado hace dos meses con visa de turista.
"Lamentamos profundamente la decisión del Sr. Montesinos de regresar al Perú", declaró un portavoz del Departamento de Estado, en respuesta a preguntas de EL PANAMA AMERICA. "Su regreso agrega un factor perturbador a los esfuerzos del Gobierno peruano de avanzar hacia nuevas elecciones y una reforma democrática".
Por cierto, ese esfuerzo quedó seriamente cuestionado con los giros que tomó el panorama político con la dramática renuncia de Tudela, en protesta contra la manera en que fue presentada la ley de amnistía como condición sine qua non a una nueva elección, contraviniendo así la promesa del propio presidente a la oposición.
"Es nefasta la inclusión, por parte del gobierno, de una condición sin cuyo cumplimiento el proceso electoral que viene, terminaría encontrándose en suspenso", señaló Tudela en su carta de renuncia a Fujimori.
"Ese proceso electoral, así como las reformas indispensables para su realización, no pueden demorarse o condicionarse, pues ella traería una creciente inestabilidad política y agravaría la situación económica existente en el país, profundizando la incertidumbre respecto al futuro inmediato de Perú".
Asimismo, Tudela, en otra carta a la presidenta del Congreso, Marta Hildebrand, declaró su renuncia al partido oficialista, expresando que retenía su escaño de legislador independiente.
La renuncia del vicepresidente tuvo efectos inmediatos en círculos diplomáticos de Washington, donde se le consideraba un elemento moderador en el entorno político de Fujimori, en que cada día la influencia militar se hacía más palpable, agravada ahora por la presencia de Montesinos, el ex jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), quien supuestamente está acantonado en una base de la Fuerza Aérea cerca de Lima.
En tanto Tudela, en su escueta carta a la presidenta del Congreso, da como fundamento de su renuncia a la Primera Vicepresidencia de la República y a la bancada oficialista, a "discrepancias de fondo con el gobierno".
Estas discrepancias están detalladas en la carta a Fujimori, en cuyo primer gabinete Tudela fungió de ministro de Relaciones Exteriores, hasta que fue herido durante el asedio a la Embajada del Japón en uno de los operativos más sangrientos del movimiento insurreccional peruano.
"En su último mensaje a la Nación," recuerda Tudela, "Ud. se comprometió valientemente a adelantar el término de su mandato al 28 de julio del año 2001, convocando a elecciones generales en cuanto fuese posible, para entregar el gobierno en esa fecha.
"En las últimas horas, el Ministro de Justicia ha hecho declaraciones, apoyadas por un comunicado conjunto de los ministros de Defensa y del Interior, publicado el domingo, donde se introduce una condición previa a la aprobación de las reformas indispensables para realización de esas elecciones generales: la de un acuerdo que eleve a rango constitucional el contenido de las diversas leyes de amnistía para el personal de las FF.AA. y Policía Nacional, extendiéndolas a otros ámbitos de su actuar".
Para Tudela también resulta "inaceptable" la afirmación hecha en el comunicado conjunto de los ministerios de Defensa e Interior, que expresan la "responsabilidad política" de las Fuerzas Armadas ante el Congreso.
"Las Fuerzas Armadas," asevera, "no tienen constitucionalmente ninguna "responsabilidad política". Los ministros de Defensa y del Interior son responsables políticamente como ministros, como políticos que son, de las decisiones que adopta el gobierno que los nombró".
Los ministros no representan a las instituciones militares y policiales, sino al Presidente de la República. Sostener lo contrario es subvertir el orden constitucional y el fundamento mismo del sistema republicano. El único responsable político de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es Ud., Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política del Estado. Y los ministros de Defensa y del Interior no deben ignorar esta realidad y desestabilizar al Perú.
"Resulta imposible para mí compartir un condicionamiento que, aun presentado como una secuencia o "plan de trabajo", genera condiciones adversas de negociación para la necesaria reconciliación nacional, además de introducir más incertidumbres en una crisis que ya afecta muy seriamente la estabilidad política y económica del Perú. Soy partidario de la reconciliación nacional, pero esta no será duradera si es impuesta mediante artificios".
Sin embargo, voceros del gobierno del presidente Bill Clinton continuaron expresándose como si continuaban confiados de que Fujimori continuara adherido a la transición, que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y que Montesinos "ya no goza de ninguna posición dentro del gobierno peruano y deberá conducirse de acuerdo a su condición de ciudadano privado o atenerse a las consecuencias legales".
El portavoz también trató de minimizar el efecto de la ley de amnistía, indicando que ésta era parte de "un paquete de reformas presentado por el Gobierno en un serio esfuerzo de avanzar hacia nuevas elecciones".
Sin embargo, mientras que el Departamento de Estado trataba de reaccionar con aparente calma, pretendiendo que permanecía confiado de que en nada había variado la decisión de Fujimori de convocar a nuevas elecciones sin su participación, en la OEA reinaba incertidumbre y un evidente nerviosismo.
Después de intensas consultas con el equipo de negociadores de la OEA en Lima, el secretario general del organismo regional, el ex presidente colombiano César Gaviria, y el presidente del Consejo Permanente, el embajador Peter Boehm, de Canadá, anunciaron anoche que se disponían a viajar a la capital peruana con el fin de recomponer el diálogo entre el gobierno y la oposición.
En contraste con la descripción de Montesinos como "ciudadano privado", Gaviria recordó que el ex asesor de Fujimori "tiene cuentas pendientes con la justicia peruana, así las particulares condiciones de la administración de justicia hasta el momento no hayan permitido que ello se refleje en providencias judiciales".
"Sus acciones," continuó Gaviria refiriéndose al ex militar, "fueron observadas con asombro e indignación en todo el mundo e imponen al Gobierno de Perú y a las Fuerzas Armadas una conducta de distancia y alejamiento de él en la toma de decisiones públicas.
"Es lamentable que el señor Montesinos haya decidido regresar justo el día en que el Gobierno presentaría su propuesta de acuerdo sobre reconciliación, como quiera que ello genera un efecto de intimidación sobre la oposición y la sociedad civil, incompatible con el clima de respeto mutuo y entendimiento que debe prevalecer".