El ex dictador chileno Augusto Pinochet recibió ayer una andanada de acusaciones, que lo vinculan con "homicidios" y "secuestros", al culminar las audiencias de la Corte Suprema que debe resolver si lo priva de su fuero como senador vitalicio.
Al cabo de dos horas y media de alegatos, los 20 jueces de la Corte decidieron volver a reunirse el próximo martes, para estudiar la decisión final que emitirían a comienzos de agosto, según adelantó el presidente del tribunal, Hernán Alvarez.
En la segunda audiencia, el jueves, la defensa de Pinochet intentó demostrar que el general, de 84 años, no puede enfrentar un "debido proceso" por el deterioro de su salud física y mental.
"El tema de los exámenes médicos podría conversarse el próximo martes", anunció el juez Alvarez, al ser consultado sobre los estudios clínicos que pide la defensa, para evitar que Pinochet quede expuesto a las 146 querellas presentadas en su contra.
"Uno de los objetivos del desafuero es, sin duda, privar del privilegio que goza en estos momentos al senador vitalicio Augusto Pinochet y reflexionar si acaso es lógico que una persona que está incapacitada -supuestamente- pueda ser senador de la Reública y en esa calidad dictar leyes", argumentó este viernes el abogado Hiram Villagra, uno de los siete juristas acusadores.
El abogado Boris Paredes, que expuso sus argumentos en segundo lugar, acusó a Pinochet de ser el "autor mediato" de los "homicidios" atribuidos a la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que dirigió el general retirado Sergio Arellano, para fusilar a 74 presos políticos en un recorrido por el norte y sur del país.
Arellano permanece desde hace un año bajo arresto domiciliario, por orden del juez Juan Guzmán Tapia, que investiga las querellas contra Pinochet.
"La verdadera misión entregada por Pinochet a la caravana era la ejecución y exterminio de los opositores al gobierno militar", afirmó Paredes.
"Pinochet dio la orden a Arellano", señaló por su parte el abogado Hugo Gutiérrez, mientras el jurista Juan Bustos argumentó que los delitos de la "Caravana de la Muerte" son "imprescripibles" y no quedan cubiertos por la amnistía que dictó Pinochet durante su régimen (1973-1990).
El último alegato estuvo a cargo de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Zczcaranski, que en nombre de ese organismo asesor del presidente Ricardo Lagos, respaldó el desafuero de Pinochet que aprobó la Corte de Apelaciones de Santiago, en un veredicto difundido el pasado 5 de junio.
Tras la audiencia de este viernes, el representante de la defensa de Pinochet, Ricardo Rivadeneira, se manifestó confiado en que la Corte Suprema acogerá sus argumentos y revocará el veredicto sobre el desafuero.
"Estoy optimista", dijo Rivadeneira, en el Palacio de los Tribunales, mientras decenas de partidarios del ex dictador se retiraban del lugar sin que se registraran incidentes.
"No tengo la menor duda que la Corte Suprema no puede hacer otra cosa que confirmar el desafuero", señaló en cambio el abogado Eduardo Contreras, que el jueves expuso ante el tribunal sus argumentos contra Pinochet.
En el otro extremo del edificio, miembros de organizaciones humanitarias y familiares de algunos de los 3.000 muertos o desaparecidos durante la dictadura militar, marcharon hacia el monumento al presidente Salvador Allende, muerto durante el cruento golpe que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
