El Alto Tribunal anunció que decidirá hoy si Bélgica y seis grupos de derechos humanos tienen derecho a revisar un informe médico del ex presidente chileno Augusto Pinochet, según el cual el ex mandatario no estaría en condiciones de enfrentar un juicio.
Bélgica y las organizaciones han solicitado dos veces permiso para ver el informe, que según el secretario del Interior británico Jack Straw argumenta a favor de permitir al ex gobernante de 84 años regresar a Chile en lugar de extraditarlo a España, donde un juez desea enjuiciarlo por violaciones de derechos humanos cometidas durante su régimen.
Un panel de tres jueces del Alto Tribunal evaluó las disputas más recientes la semana pasada, después que otro juez rechazó la primera solicitud.
Straw se ha negado a divulgar el parte médico, realizado el mes pasado por un equipo médico independiente, arguyendo que Pinochet tiene derecho a confidencialidad del paciente.
El abogado de Pinochet Clive Nicholls arguyó ante el panel de tres jueves la semana pasada que el derecho de confidencialidad se impone al del interés público en ver el informe.
Pero Bélgica sostiene que le corresponde examinar el documento pues ha solicitado la extradición del general en nombre de ciudadanos suyos cuyos familiares, según denuncian, fueron encarcelados o asesinados por el régimen de Pinochet.
España, Francia y Suiza también han solicitado la extradición del general, pero sólo Bélgica ha pedido ver el parte médico.
Pinochet, que sufre de diabetes y padeció dos leves apoplejías a fines del año pasado, fue arrestado en octubre de 1998 en Londres, donde se recuperaba de una operación en la espalda. Permanece bajo vigilancia policial en una mansión al oeste de la ciudad.
Si el panel de tres jueces rechaza el pedido de Bélgica y de los grupos de derechos humanos, pueden apelar a la máxima instancia judicial de Gran Bretaña, la Cámara de los Lores, pero sólo si se determina que el caso es de suma importancia para el público en general.
Si el panel acepta la solicitud de Bélgica y los grupos, Straw debe darles tiempo para revisar el informe y redactar sus observaciones al respecto, y luego deberá emitir una decisión definitiva sobre la extradición de Pinochet.
El gobierno español ha reiterado que no objetará ninguna decisión de liberar a Pinochet, pero los otros países y los grupos de derechos humanos sí podrían apelar la decisión de Straw.
De acuerdo con un informe del gobierno chileno, 3.197 personas fueron asesinadas o desaparecieron durante el régimen de 17 años de Pinochet, que comenzó cuando el general dio un golpe de estado en 1973.
