El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró legal un cuestionado referendo, que se celebrará el domingo, y con el que el presidente Hugo Chávez quiere destronar a las cúpulas sindicales.
La sala constitucional del TSJ declaró en la noche del martes, improcedentes las impugnaciones hechas por varios sindicatos y organizaciones de derechos humanos contra el referendo.
Sin embargo, no se pronunció sobre una solicitud de nulidad del referendo introducida por la Fiscalía General el lunes por considerar la consulta popular inconstitucional.
El referendo fue impulsado por Chávez para destronar a las cúpulas sindicales venezolanas, principalmente de oposición, a las que acusa de haber ejercido una "dictadura sindical" en detrimento de los trabajadores.
El TSJ declaró, según un comunicado, "improcedente la acción de amparo" porque no hay ninguna "violación directa e inmediata de los derechos y garantías constitucionales alegados por los accionantes".
Federico Ramírez, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) -la mayor central obrera del país- dijo que la decisión es "otro golpe contra la sociedad civil, los derechos humanos y contra las libertades publicas".
Organizaciones sindicales y de derechos humanos impugnaron el referendo ante el TSJ argumentando que viola la nueva Constitución, impulsada también por Chávez y refrendada hace casi un año en otra consulta popular.
REFERENDO ILEGAL
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que el referendo, que se celebrará junto con comicios municipales, viola convenios internacionales firmados por el país.
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), a la que están afiliadas 150 millones de trabajadores de todo el mundo, opinó que la consulta es ilegal y antidemocrática.
"El referendo que se está organizando no sólo es ilegal desde el punto de vista de las leyes internacionales, sino que también lo es de las leyes venezolanas", dijo su presidente Bill Jordan, en Caracas.
Agregó, en una conferencia de prensa, que la consulta es el "fruto no del ejercicio de la democracia sino del ejercicio del poder".
Chávez, un militar de fuerte discurso nacionalista, busca "demoler" a los directores de la CTV por considerar que representan la "vieja y corrupta clase politiquera".
Los venezolanos, que asistirán por séptima vez a las urnas en dos años, decidirán si están de acuerdo con "la renovación total de la dirigencia sindical en los próximos 180 días", así como sobre la suspensión de las atribuciones de los directivos de las organizaciones de trabajadores del país.
Opositores y analistas sostienen que Chávez, a quien acusan de querer concentrar el poder, no está buscando renovar ni democratizar la CTV, sino destruirla y con ella a todo el movimiento sindical.
