Un juzgado civil del norte de Honduras decomisó un cuantioso arsenal, que supuestamente es propiedad de un traficante internacional e incluía 4.600 fusiles Fal y 800 AK-47, a un batallón del ejército, informó una fuente judicial.
El juez cuarto de lo criminal de San Pedro Sula, 240 kms al norte de la capital, Nelson López, explicó a la prensa que el armamento incautado, que incluía también baterías antiaéreas, fue decomisado porque "no es facultad de las Fuerzas Armadas servir de custodia para armas de dudosa procedencia".
"Los implicados (en la tenencia de las armas) podrían incurrir en responsabilidad administrativa y penal, pero eso se va a decidir en las investigaciones", subrayó López.
El fiscal del Ministerio Público, Clovis Duarte, explicó que los pertrechos
al parecer son propiedad del presunto traficante de armas cubano-americano Mario Delamico "de quien desconocemos su paradero, pero solicitaremos que sea llamado a los tribunales a declarar al respecto".
El armamento, que era buscado por las autoridades judiciales, fue decomisado en la sede del Centro de Apoyo Logístico del Ejército (CALE), localizado en Naco, unos 10 kms al noroeste de San Pedro Sula. El coronel Mario Villanueva, director de la Academia Militar y ex vocero de la Fuerzas Armadas, aseguró que las armas entraron en 1986 al depósito "en legal y debida forma" con el visto bueno del gobierno de ese entonces, presidido por José Azcona (1986-1990).
Villanueva agregó que las armas ingresaron a la custodia de las Fuerzas Armadas de Honduras "con opción a compra" en caso de que se agravaran los movimientos guerrilleros que intentaron organizarse en el país en la década anterior.
El ex presidente Azcona admitió que se dio "una situación irregular" al haber permitido "el embodegamiento de esas armas" sin haber sido compradas por las Fuerzas Armadas hondureñas.