La muerte el pasado sábado en un supuesto accidente automovilístico del diputado Alipio Rodas, perteneciente a la corriente simpatizante del general exiliado Lino Oviedo en el Partido Colorado, "fue provocada por desconocidos", denunció ayer su colega legislador Luis Villamayor.
Este solicitó formalmente una comisión investigadora del Congreso para apoyar una pesquisa judicial sobre el caso. Una juez de la localidad de Capitán Miranda (450 km al sureste de Asunción) dijo que abrirá un sumario. El diputado Rodas viajaba junto a su hijo Walter (de 20 años) por la Ruta 6, que une las ciudades fronterizas de Encarnación y Ciudad del Este, cuando ocurrió el percance.
Según el parte policial, el vehículo 4x4 que conducía sufrió el reventón de una de sus ruedas y volcó.
Sin embargo, su hijo sobreviviente, internado en un hospital de la zona, testificó que una camioneta azul sin chapa conducida por desconocidos provocó el accidente.
Portavoces de la bancada oviedista del Partido Colorado anunciaron que la próxima semana convocarán al hijo del fallecido legislador para que relate las circunstancias de lo que, en opinión de Villamayor, fue un atentado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Efrain Alegre, perteneciente al Partido Liberal (segunda fuerza política), nombró un abogado para acompañar la investigación y para iniciar acciones judiciales que correspondan.
Alipio Rodas era diputado por el departamento de Alto Paya capital es Ciudad del Este, 330 km al este de Asunción, en la frontera con Brasil. Villamayor recordó hoy en rueda de prensa que los diputados debían votar hoy sobre una petición de destitución del intendente (alcalde) de esa ciudad, Juan Carlos Barreto.
El tratamiento de este mismo tema fue suspendido el pasado jueves tras una violenta manifestación de unos 500 funcionarios municipales de esa población, la segunda más importante del país.
Los manifestantes agredieron a varios diputados y destruyeron al menos dos vehículos, pero después fueron reprimidos por la policía. El saldo fue de unos 15 heridos y lesionados, entre ellos tres policías y dos diputados.
Los simpatizantes del líder político confinado en la provincia argentina de Tierra del Fuego dijeron sospechar que la conjetura del asesinato pudo tener relación con la solicitud de destitución del intendente.
Ciudad del Este mueve millones de dólares diariamente en el intercambio comercial -especialmente de productos electrónicos y computadoras- con Argentina y Brasil, y según representantes del alcalde Barreto, las actuales autoridades del país están interesadas en arrebatarle su administración para tomar las recaudaciones.
Sin embargo, fue denunciado por supuesta corrupción por sindicalistas de la municipalidad.
El intendente no fue destituido finalmente en la votación que se registró ayer en la Cámara de Diputados, pero repentinamente pidió permiso hasta diciembre
Desde el acceso del nuevo Gobierno en marzo pasado, unos 140 intendentes fueron destituidos o procesados por supuesta corrupción, y en su mayoría ya han sido separados de sus cargos.
Todos los expulsados o procesados pertenecieron al sector oviedista, revelaron portavoces de ese movimiento político a la prensa local.
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