Un ex militar chileno reconoció que los cuerpos de muchos de los cerca de 3 mil detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron arrojados al mar o en las cumbres de los Andes desde aviones.
"Algunos de esos cuerpos fueron lanzados al mar y otros fueron tirados en las altas cumbres de la cordillera", dijo el teniente coronel en retiro Olagier Benavente, en entrevistas publicadas ayer por dos matutinos chilenos.
El paradero de los detenidos desaparecidos bajo el régimen militar que gobernó el país entre 1973 y 1990 cobró renovada importancia en la política chilena a partir de numerosos juicios que se han abierto en los últimos meses.
También avivó el tema el arresto domiciliario de Pinochet en Londres desde octubre, a pedido de un juez español que quiere juzgarlo por crímenes contra la humanidad.
Los casos en la justicia chilena, que han hecho recrudecer las tensiones entre el gobierno y el ejército, los lleva el juez Juan Guzmán, quien recientemente procesó a cinco ex uniformados por los delitos de asesinato y secuestro.
El juez encausó a Sergio Arellano Starck, Marcelo Moren, Patricio Díaz, Sergio Arredondo y Pedro Espinoza por los asesinatos de 76 disidentes, muchos de los cuales habían sido absueltos o condenados a penas menores por los tribunales de guerra de la época.
Benavente dijo que había prestado declaración ante el juez Guzmán precisamente por ese caso, conocido como la "caravana de la muerte", que recorrió el país en octubre de 1973, un mes después del golpe que derrocó al socialista Salvador Allende.
En ese entonces Benavente era comandante del regimiento de la ciudad de Talca, 286 kilómetros al sur de Santiago, por donde también pasó la comitiva encabezada por el ex general Arellano.
Benavente declaró en las entrevistas que muchos oficiales sabían lo que ocurría con los cuerpos de los opositores que eran asesinados.
"Todos los oficiales y comandantes sabíamos de esto", afirmó.
No obstante, aseguró que la mayoría de los militares no están dispuestos a decir qué fue lo que ocurrió, pese a los reiterados llamados del gobierno, la Iglesia Católica y familiares de las víctimas para informar el paradero de los desaparecidos.
"Los militares nunca lo dirán", dijo."No hay un juramento al respecto... Pero es que resulta que no a todos los mataron juntos y tampoco al mismo tiempo, están muy repartidos", añadió.
La declaraciones de Benavente contrastan con las negociaciones políticas que se han realizado en Chile en las últimas semanas para zanjar el problema de las violaciones de los derechos humanos.
El propio comandante en jefe de la armada, almirante Jorge Arancibia, ha dicho que el tema central que debiera estar en la mente del país es encontrar los restos de los desaparecidos.
"El problema de la verdad lo tiene el país. No es ni la armada, ni el ejército, ni los detenidos desaparecidos. Es un problema social que como país tenemos que enfrentar", declaró el jueves.
El juez Guzmán, quien lleva además todos los procesos abiertos en Chile contra Pinochet, ha reconocido que uno de los objetivos esenciales de su investigación es saber el paradero de los desaparecidos.
Ello, porque en términos estrictamente judiciales, ninguno de los procesados podría resultar finalmente condenado, debido a la vigencia de una ley de amnistía dictada por el gobierno militar en 1978.
Pero si las confesiones de que muchos cuerpos fueron arrojados al mar o a la cordillera son comprobadas, la tarea de encontrar los restos tampoco se cumplirá.
Fuentes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno han señalado que la información recopilada ha permitido constatar que unos mil 200 cuerpos de personas que figuran como detenidos desaparecidos fueron lanzados al mar y otros 800 desenterrados para ser cambiados a lugares indeterminados.
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