Perú y Bolivia tienen asegurada la "certificación" de Estados Unidos en materia de cooperación antidroga, y Colombia la recibirá como mínimo "por razones de seguridad nacional", pero numerosos legisladores están dispuestos a desafiar al presidente Bill Clinton y desaprobar el desempeño de México, dijeron ayer miembros del Congreso.
Incluso el principal responsable de operaciones internacionales antinarcóticos en el departamento de Estado, Randy Beers, admitió ayer ante un panel del Senado que México "no tiene un historial limpio" en ese terreno y que su cooperación con Estados Unidos "no es perfecta".
Sin embargo Beers afirmó -como gran cosa- que el presidente mexicano Ernesto Zedillo "está comprometido" a combatir el narcotráfico, y explicó que los dos gobiernos están "iniciando la construcción de una alianza" contra las drogas, aunque ese objetivo "tomará tiempo".
Señaló, igualmente, que México está "en el umbral de hacer una inversión importante" en "una nueva estrategia" contra el narcotráfico, refiriéndose a la "nueva guerra total" anunciada con bombos y platillos por el gobierno mexicano hace 20 días.
La semana pasada el diario The New York Times afirmó en un editorial que México "no merece la certificación", mientras el Washington Post reveló que un alto número de legisladores buscarán revocar la decisión de Clinton, quien, se dá por seguro, aprobará la gestión de México.
Por ley, las "certificaciones" de cooperación antidroga deben ser hechas por el presidente Bill Clinton a más tardar el primero de marzo, aunque este año podrían anunciarse el viernes 26.
Los países desaprobados quedan expuestos a perder ventajas comerciales, créditos y toda ayuda estadounidense que no sea exclusivamente humanitaria y antinarcóticos, a menos que reciban un "waiver" o dispensa de las sanciones, como se le concedió en 1998 a Colombia y Paraguay.
El Congreso tiene 30 días para aprobar o desaprobar las decisiones del presidente en esta materia, y el año pasado el Senado estuvo muy cerca de revocar la certificación de México, lo cual sólo pudo ser evitado después de frenéticas negociaciones entre la Casa Blanca y un grupo de senadores.
En vísperas de la certificación, el tema fue examinado este miércoles en una audiencia del "caucus" o grupo antinarcóticos del Senado, que escuchó testimonios de Beers y de los jefes de la agencia antidrogas (DEA), Thomas Constantine, Aduanas, Raymond Kelly, y Guardacostas, almirante James Loy.
Al menos tres miembros del panel cuestionaron la posible certificación de México, considerada segura tras la reciente visita del presidente Bill Clinton a ese país.
El presidente del comité, Charles Grassley, republicano de Iowa, pidió a Beers describir "¿hasta qué punto tendrá que deteriorarse la situación para que México sea decertificado?".
La respuesta del funcionario fue que le contestará más adelante por escrito, y luego agregó que el presidente Zedillo es lo contrario del ex presidente de Colombia Ernesto Samper, a quien Clinton descertificó cuatro años seguidos por haber usado dinero de la droga en su campaña electoral de1994.
Jeff Sessions, republicano de Alabama, adelantó que votará contra la certificación de México porque ese país "no ha hecho su trabajo" y la mayoría de los indicadores señalan que tanto la producción de drogas al sur de la frontera como su tráfico hacia Estados Unidos han aumentado.
Diane Feinstein, demócrata por California, recitó una serie de datos negativos, resaltando que México no ha extraditado a Estados Unidos a un sólo criminal acusado de narcotráfico, y el Senado de ese país no ha aprobado un protocolo adicional al Tratado de Extradición que permitiría la extradición temporal para fines de juicio, ae el acusado sería devuelto a su país si tiene sentencia pendiente allí.
Constantine, después de enfatizar que no estaba criticando al pueblo de México, dijo que las pandillas de narcotraficantes basadas en ese país son "la mayor amenaza" para Estados Unidos en materia de narcotráfico.
Constantine señaló asimismo que la cooperación antidrogas con México sufrió un nuevo retroceso el año pasado, cuando se identificó como sospechosos de vínculos con el narcotráfico al subdirector y otros tres altos funcionarios de una unidad especial de la policía contra el crimen organizado, que trabajaban con la DEA.
"Debido a los niveles de corrupción dentro de las agencias policiales de México, nuestro trabajo se hace mucho más difícil", dijo el jefe de la DEA.
"Mientras no podamos trabajar con nuestras contrapartes mexicanas, en una relación libre de sospechas, la carga de llevar a la justicia a los cabecillas de la droga pesará mayormente sobre nosotros", agregó.
