Los directivos del club brasileño Vasco da Gama pueden ir a prisión si se determina su responsabilidad en la avalancha ocurrida el pasado sábado en la final de la liga nacional, en la que casi cien personas resultaron heridas, dijeron ayer fuentes policiales.
"Imprudencia hubo, y tal vez negligencia también", manifestó el jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Alvaro Lins, después de realizar una inspección en el estadio Sao Januario, que el sábado estuvo a punto de ser escenario de una tragedia.
Cuando se jugaba el minuto 23 del partido de vuelta de la final de la liga entre el Vasco da Gama y el Sao Caetano, una valla metálica que separa las tribunas del campo de juego cedió y se provocó la avalancha.
El partido fue suspendido tras más de una hora de discusiones y un total de 159 personas fue atendido en pleno terreno de juego por lesiones o serios ataques de nervios a consecuencia del pánico.
Según declaró Lins, en la tribuna que fue escenario del desastre se observaron rastros de corrosión en el metal de las rejas, lo que supone que existió "imprudencia" por parte de los directivos del Vasco da Gama.
El jefe policial aclaró que cualquier tipo de iniciativa penal "sólo será tomada si las víctimas presentan alguna denuncia", algo que todavía no ha ocurrido, y que el resultado de la inspección será conocido la próxima semana, una vez que sea analizado por expertos.
"Cuando hay lesión corporal culposa o dolosa, que podría ser el caso, es necesario que las víctimas presenten una denuncia y tengan una representación legal", dijo Lins, quien añadió que, en ese caso, si se comprobase la responsabilidad del club, sus directivos pueden acabar en la cárcel.
Las consecuencias de la avalancha también amenazaron hoy con llegar al Coso brasileño, convertidas en acusaciones contra el diputado federal y vicepresidente del Vasco da Gama, Eurico Miranda.
El presidente del colegio de abogados brasileño, Reginaldo de Castro, consideró ayer que Miranda debe ser despojado de la inmunidad parlamentaria para ser procesado según el Código Penal.
De Castro dijo que la supuesta responsabilidad de Miranda, uno de los "hombres fuertes" del fútbol nacional, puede encuadrarse en el artículo 256 del Código Penal, que prevé entre uno y cuatro años de prisión para los responsables de "un derrumbe o desmoronamiento que exponga la vida, la integridad física o el patrimonio".
El presidente del colegio de abogados aclaró que, en caso de que ese presunto delito sea considerado culposo y no doloso, la pena puede reducirse a entre seis meses y un año de cárcel.
