No hay dudas sobre la buena salud de la hípica panameña. El aumento sostenido de las apuestas anuales, el engrosamiento de la población caballar, las buenas bolsas, el extraordinario acumulado del 5 y 6, entre otros aspectos, hablan bien -por lo menos- de la buena imagen exterior de la industria. Pero eso no implica que no se deban tener los cuidados para que esa condición perdure.
Hace dos semanas trascendió la información sobre la raquítica condición financiera de la multinacional Codere, de la cual el Hipódromo Presidente Remón de Panamá es subsidiario. Esto encendió las alarmas inmediatamente.
Ya es sabido que el controlar la administración del hipódromo siempre fue más que todo una excusa para desarrollar en nuestro país otras actividades más afines a los negocios de esta empresa española, como lo son los casinos, las salas de juego y las máquinas tragamonedas.
Como dijimos al principio, y a pesar de algunas falencias, la operación hípica anda bastante bien, aunque pudiera estar mucho mejor si hubiera un plan estratégico mejor diseñado y menos apegado a vicios del pasado, pero ahí vamos.
A propósito de toda esta situación, hace un par de días a los medios de comunicación social nos fue remitida la copia de una nota que envió la Sociedad de Dueños de Caballos - y que de alguna manera también endosa Appucapa- a la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Control de Juegos y con copia al ministro de Economía y Finanzas, en la que expresan su preocupación sobre "la actual situación financiera y económica por la cual atraviesa en España la empresa Codere, propietaria de la empresa que actualmente administra el Hipódromo Presidente Remón, en relación con el efectivo cumplimiento del contrato 106-A..., convenido con el Estado para la concesión administrativa de este hipódromo".
En otro aspecto clave de la misiva, el gremio se muestra inquieto por la aparente indefensión en la que quedarían los dueños de caballos si el estado de quiebra declarado por Codere alcanzara sus negocios en Panamá.
Sostienen que en el contrato, que data de 1997, se contempla una fianza de cumplimiento al Estado por la suma de un millón de dólares y otra para el pago de premios a los apostadores por la misma cantidad de dinero, mas no hay garantías para el cumplimiento de los premios de las carreras regulares y de los eventos clásicos, como tampoco resarcimientos para terceros acreedores locales en caso de incumplimiento, de estado de insolvencia o de quiebra.
La empresa está obligada contractualmente a informar a la Junta de Control de Juegos sobre cualquier novedad que comprometa la operación.
A nuestro modo de ver, es muy razonable la consulta que hacen los representantes de los dueños de caballos a la autoridad reguladora de la actividad hípica en nuestro medio. Desde hace años han venido trascendiendo noticias no muy alentadoras en torno a Codere, pero esta vez el panorama se pinta un tanto sombrío, por lo que no está de más saber en qué terreno se está pisando.
Además, el contrato de marras establece como obligación de la empresa poner en conocimiento de la Junta de Control de Juegos aquellos eventos que pudieran poner en riesgo la integridad legal, jurídica y económica de la misma.
Mientras tanto, la hípica sigue su marcha con paso firme, pero se debe estar alerta por cualquier estornudo que se produzca en España, porque si no estamos bien protegidos, podemos resfriarnos.
