EFE

Los comunistas chilenos solicitaron ayer a la justicia que llame a declarar a cinco militares dentro de las investigaciones que se realizan para admitir a trámite una querella por genocidio contra el general Augusto Pinochet.
El abogado y ex diputado comunista Eduardo Contreras, pidió al juez de fuero Juan Guzmán Tapia que cite a declarar a cinco militares que no identificó, tres de ellos aún activos, para sumar antecedentes sobre la querella que interpuso el 12 de enero pasado la secretaria general del Partido Comunista (PC), Gladys Marín.
Contreras, el abogado representante de Marín, evitó hacer más comentarios al respecto, ya que, dijo, todos estos antecedentes forman parte del "secreto del sumario".
En la querella, que fue admitida a trámite el martes día 20, Marín acusa a Pinochet de los delitos de "genocidio, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal" cometidos durante el régimen militar que encabezó entre 1973 y 1990.
En ese período se acreditó que 3,197 personas fueron víctimas de la violencia política, entre muertos y desaparecidos, según las cifras oficiales.
La medida pretende impedir que Pinochet llegue al Senado tras su retiro, anunciado para el 10 de marzo próximo.
El general, de 82 años, anunció en septiembre pasado su intención de acceder al Parlamento mediante un cupo vitalicio en el Senado en su calidad de ex gobernante, beneficio que le otorga la Constitución dictada bajo su gobierno en 1980.
Gladys Marín es parte ofendida en la querella que interpuso contra Pinochet, ya que su esposo es uno de los 1,102 desaparecidos registrados durante el régimen militar.
Su situación de cónyuge de una de las víctimas de los delitos que se le imputan al militar la eximió del pago de una indemnización por calumnias establecida para tramitar la querella, equivalente a unos 4,500 dólares (dos millones de pesos).
El juez Guzmán Tapia ha ordenado una serie de diligencias al respecto para reunir antecedentes y luego resolver si acepta o no la presentación interpuesta contra el general.
La querella forma parte de la ofensiva de la izquierda extraparlamentaria, agrupaciones de derechos humanos y la alianza de Gobierno en contra del general Pinochet para impedir que asuma el cargo de senador vitalicio a partir de marzo próximo, aspiración que consideran "ilegítima".
La iniciativa se une al juicio político de la Cámara de Diputados a Pinochet y su rechazo a la institución de los senadores designados y vitalicios, la posible presentación de una acusación constitucional en su contra, y una campaña de movilización nacional contra él.