El presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, Orlando Pérez, expresó esta semana la preocupación que tienen las micro y pequeñas farmacias del país, ante diferentes gastos y requisitos que deben cumplir.
Durante el debate del proyecto de ley N° 746, que modifica artículos de la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, Pérez recordó que el Ministerio de Salud exige la presencia de un farmacéutico idóneo durante un mínimo de 8 horas frente a los mostradores, cuyos salarios oscilan entre 1,000 y 1,500 dólares, sumado a los técnicos de farmacia (con costos entre 800 y 1,000 dólares), lo que representa una carga financiera sumamente pesada para los pequeños negocios.
Además, cuestionó los costos adicionales que deben asumir los comerciantes por cada transacción electrónica (entre 2 y 3 centavos), ejemplificando que al aplicar descuentos —como a una aspirina—, el costo de la factura electrónica termina superando el margen de ganancia del producto.
"Imagínese cuando un jubilado llega y me pide una aspirina que vale 4 centavos y tengo que darle descuento y encima tengo que pagar tres centavos por la factura electrónica. Para mí hubiera sido
mejor regalársela que habérsela vendido", expuso.
Mayor regulación
Pérez, asimismo, denunció una contradicción entre las normativas de salud y protección al consumidor (Acodeco). Mientras la ley exige la presentación obligatoria de receta médica para ciertos medicamentos bajo sanción de multa, las directrices comerciales a veces entran en conflicto con la exigencia de recetas a los compradores, generando inseguridad jurídica para el farmacéutico.
En este sentido recalcó que muchos jubilados compran medicinas para toda su familia, lo que podría interpretarse como un juega vivo.
"Van a las farmacias a hacer el mandado y compran para él, su familia, el vecino y todo el mundo. Eso significa que hoy en día estamos dando descuento no solo a jubilados, tercera edad y pensionados, sino a todos", precisó.
El comerciante recordó que las farmacias pequeñas fungen como un pilar fundamental en la economía y el empleo local, y que actualmente sostienen el descuento del 20% a jubilados, pensionados y personas con discapacidad, por lo que solicitó que se incluyan revisiones justas en las modificaciones de la ley para no asfixiar a este sector.
Por su parte el diputado proponente Javier Sucre pidió no ver a los jubilados como enemigos, sino como socios, y recordó que, si ellos no consumieran, el negocio tendría ventas más bajas.
