El derecho como herramienta de la política ambiental

Un grupo de residentes de la comunidad de Diablo, en el corregimiento de Ancón, en uno de los extremos de la ciudad de Panamá y vecino al Canal, hizo una manifestación frente a las oficinas principales de la Autoridad Nacional del Ambiente y con pancartas y mascarillas, se quejaron por los problemas que ocasiona una empresa vecina a sus casas y que se dedica al procesamiento de mariscos.
Los quejosos demandaban la vigencia de la ley que obliga a este tipo de empresas a mudarse hacia el sector de Vacamonte; además querían conocer el estado de los expedientes que contenían sus quejas y exigían que cesaran los olores y ruidos molestos que, a su juicio causa la actividad de la procesadora justo en el sector donde están situadas sus residencias.
La reclamación de los vecinos de Diablo se suma a otras iniciativas que han impulsado grupos en contra de proyectos como el teleférico entre el Cerro Ancón y el sector de Fuerte Amador en la orilla este de la entrada sur del Canal de Panamá o de los habitantes de la comunidad de Clayton en relación a un proyecto habitacional cercano al área protegida de Camino de Cruces, también colindante con la ciudad capital.
Estas quejas tienen como denominador común una reacción de protesta de un sector de la sociedad por algún proyecto que a su juicio le afecta, pero que también se relaciona con la calidad de vida de la gente. Se vinculan entre sí las demandas porque se refieren a interpretaciones de disposiciones legales que unifican en el proceso al Estado, grupos comunitarios, al sector privado en función de problemas con el ambiente.
El derecho es una expresión de las políticas ambientales que por su carácter complejo, "deben permear las políticas económicas y sociales, impulsando el uso de tecnologías no contaminantes, el manejo de riesgos, la educación y la responsabilidad social de las empresas..." según el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, PNUMA.
Raúl Brañes Ballesteros, experto mexicano, considera el derecho ambiental como el conjunto de normas jurídicas que están orientadas a la protección de la biosfera, en tanto escenario que hace posible la vida."
De estas ideas se deriva la oportunidad de asignar responsabilidades compartidas en las repercusiones del impacto ambiental y posibilita a las instituciones que impulsan estas políticas de mediar con un instrumento nuevo para definir y fundamentar el grado de competencia de los involucrados.
Con la finalidad de estimular el debate y reflexión sobre el desarrollo y la aplicación del derecho y las políticas ambientales y promover el cumplimiento de los acuerdos multilaterales ambientales, se realizó en la ciudad de Panamá un seminario Regional Latinoamericano de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales, al que asistieron durante quince días, delegados de países del hemisferio.
Esta iniciativa de capacitación que organizó el PNUMA, contó con el apoyo de la ANAM y el Ministerio de Medio Ambiente de España; es uno de los primeros esfuerzos para el intercambio de la información y experiencias sobre el desarrollo de los instrumentos jurídicos y de marcos legales para la protección del ambiente y los recursos naturales en los países de la región.
En la inauguración académica de esta actividad estuvieron Rossana Silva Repetto, coordinadora del Programa de Derecho Ambiental del PNUMA, Gabriel Real Ferrer, expositor de la Universidad de Alicante y Harley Mitchell Morán, director de Asesoría Legal de la ANAM, además de los expositores invitados.
Rossana Silva, manifestó que para este año el PNUMA organiza en los idiomas de cada región programas de capacitación siguiendo los lineamientos que se desarrollan en Nairobi, y es por esta razón que al fortalecer las capacidades de los sistemas se puede tomar decisiones adecuadas que lleven a la sostenibilidad del medio ambiente y a una equidad intergeneracional.
Harley Mitchell Morán, director de Asesoría Legal de la ANAM manifestó que la justicia ambiental es más compleja que las demás y necesita dar un nuevo paso evolutivo, "es por esta razón que cada uno de los profesionales del derecho tiene la oportunidad hoy de poner su grano de arena en este proceso".
Este seminario también contó con una inauguración protocolar donde estuvieron presente Ricardo Sánchez Sosa, director regional para América Latina y el Caribe del PNUMA, Ligia Castro de Doens, administradora general de la ANAM y Amparo Rambla, subdirectora general de Relaciones Exteriores del Ministerio de Medio Ambiente de España.
El programa de este seminario consistió en un conjunto de exposiciones que dieron un bosquejo histórico y evolutivo del derecho ambiental. Aquí se destaca el proceso de modificación de la normatividad con la finalidad de crear instituciones nuevas para atender las políticas ambientales; éste culminó en América Latina con el surgimiento de entes como ministerios, secretarías o autoridades, como es el caso de Panamá con la ANAM en 1998.
Además, los expertos analizaron diferentes instancias del derecho ambiental como la aplicación de la justicia, aspectos procesales en el campo del daño al ambiente, las convenciones internacionales; así como el comercio internacional, tratados y sus implicaciones y lo concerniente a riesgos, impactos y los delitos. También se discutió sobre temas novedosos como la implicación del deporte en la gestión ambiental.
Néstor A. Cafferatta, de la Universidad de Salvador en Argentina se refirió al daño ambiental y precisó tanto su gravedad, como la necesidad de adoptar medidas legales para prevenirlo. "Es público y notorio -sentenció- que los daños ambientales son irreversibles o de difícil reparación, tales como la extinción de una especie, los efectos radioactivos, la destrucción de la flora... la desertización de áreas productivas, entre otros"; agregó que el costo de reponer los daños es mayor que los beneficios futuros.
Uno de los aspectos relevantes de este encuentro internacional es la posibilidad de escuchar exposiciones por parte de expertos, estudiosos, autoridades judiciales y funcionarios que desde diferentes experiencias, analizaron las implicaciones del derecho ambiental y su relación con otros escenarios.
Para las instituciones representadas, esto fue muy esclarecedor; Catherine Colombo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay consideró que en su país se ha avanzado en los últimos diez años en materia legislativa y se tienen las herramientas tanto legales como reglamentarias; los problemas a veces son de "ejecución e implementación". En Uruguay la ley brinda un marco amplio para actuar, agregó.
La representante de Perú, Lourdes Loaiza, asistente legal en el Consejo Nacional del Ambiente, opinó que en su país al no contar con un Ministerio de Ambiente es complicada la gestión porque hay que coordinar con los diferentes sectores que tienen responsabilidades; "es una fortaleza y una debilidad a la vez, porque hay problemas de competencia, pero hemos visto que es algo común en la región."
Rosario Martínez de la Asesoría Legal de la ANAM considera que en esta institución la tarea ha sido bastante completa; "nos vemos involucrados en todos los tipos de ramas del derecho ambiental y se coordina los diferentes instrumentos con las instituciones que tienen competencia." Agrega que con la entrada en vigencia de la nueva ley de delitos ecológicos, se tiene una idea clara del manejo de informes que van al Ministerio Público.
Un concepto abarcador brinda Fernando Soria, juez de la Suprema Corte de Buenos Aires al referirse a las implicaciones "la problemática ambiental es presupuesto de condición de la especie humana y predetermina las normas, muchas veces es el propio recurso el que está condicionando la diagramación normativa y se empieza a tener más sensibilidad en el campo del derecho sobre el alcance de estos problemas"
Lo importante, según este analista es que "los gobiernos y los pueblos del mundo han ido tomando conciencia, en lapsos relativamente breves, de la gravedad de los problemas ambientales y de la necesidad de reaccionar de manera colectiva frente a ellos". Este es uno de los aspectos de la administración de justicia ambiental que más pesimismo ocasiona a las comunidades, responder de esta manera hace al derecho lento por el número de intereses.
Este encuentro internacional permitió analizar y poner en el tapete las estrategias más adecuadas para darle un mayor impacto a la gestión ambiental, administrar justicia, conciliar a los múltiples actores de la realidad ambiental y alcanzar un desarrollo sostenible en la medida en que como lo menciona Brañes Ballesteros, se convierta en un modelo de crecimiento que asegure de manera simultánea "la satisfacción de las necesidades de la generación presente y de las generaciones futuras".