El Sector Público y la Competitividad (1)

El peso del sector público en el desempeño de la economía, por ende en su competitividad, es evidente. Se trata del uso de recursos públicos que representan 26% del PIB, de la formulación de políticas públicas que orientan e influyen sobre la actividad privada, del establecimiento de las normas institucionales y "reglas del juego" que enmarca la actividad ciudadana y de la provisión de servicios y bienes públicos que apoyan la actividad económica y social de la comunidad.
Los temas tratados en escritos previos, como las exportaciones, la capacitación y tecnología, la institucionalidad, la infraestructura, el desarrollo humano, la empresa grande y pequeña, que son fundamentales para la competitividad nacional, son susceptibles a la acción del sector público.
El "clima de negocios" para invertir, producir, exportar, es susceptible al ambiente que crea el sector público, desde su función política de guiar la gobernabilidad del país, en paz, orden y de acuerdo a la ley, hasta su implementación de políticas públicas, su ejecución del presupuesto nacional y la provisión de servicios.
La política económica, precisamente la principal influencia sobre la competitividad, tiene implícita o explícitamente un componente "macro", otro "micro" y uno que influye en el desarrollo humano. Para lograr el mayor crecimiento sostenido con aumentos en competitividad es preferible que la política económica sea explicita y que responda a la consecución de objetivos nacionales motivando a la acción de los ciudadanos a la realización eficiente de sus metas en formas que agregan valor al desarrollo nacional.
Se trata entonces de definir estrategias y políticas para lograr objetivos nacionales de corto y largo plazo y no para satisfacer intereses clientelistas que, a veces abiertamente y otras encubiertas, persiguen metas parciales de sectores, creando un costo al conjunto nacional. Las realidades políticas no facilitan la definición de políticas nacionales, ya que el rejuego político conlleva un alto grado de clientelismo, pero hay que intentarlo siempre para crear conciencia de que son mejores.
En Panamá las tres políticas macroeconómicas principales, la monetaria, fiscal y de balanza de pagos internacionales, se reducen al manejo de la política fiscal y la de comercio exterior, ya que la definición de un sistema monetario dolarizado, sin banco central e integrado al mercado financiero internacional, precluye un manejo gubernamental de la política monetaria. El sistema monetario dolarizado ha sido apoyado desde 1970 por la creación de un centro bancario que le agrega estabilidad, agilidad y profundización al sistema financiero y contribuye a su competitividad. Pero crea la necesidad de una permanente vigilancia para mantener una productividad "real" competitiva de los recursos para que los aumentos de costos, sobre todo laborales, respondan a aumentos equivalentes en productividad, ya que la moneda por definición no es sujeta a la devaluación, que se usa para evitar erosiones en la capacidad competitiva del país causada por aumentos en costos.
La política fiscal es fundamental para contribuir a la competitividad y al "clima de negocios". Por ejemplo, el Gobierno actual lo ha hecho reduciendo el déficit fiscal de un insostenible 5% del PIB a menos de 1%; mejorando el perfil de la deuda externa; aumentando el programa de inversiones públicas autofinanciadas y reduciendo la deuda externa como porcentaje del PIB. Aunque se acometen inversiones públicas importantes en varios sectores (ej: carretera Panamá-Colón, agua potable, limpieza de la bahía) se necesita estructurar un programa quinquenal movible estratégico de inversiones públicas en infraestructura y desarrollo humano que anticipe las necesidades y cumpla metas efectivas de elevación nacional. El esfuerzo que se ha iniciado amerita un apoyo completo.
La política de comercio exterior involucra el fomento de las exportaciones como vehículo primario de crecimiento económico y de un mercado abierto que mantenga la competencia como instrumento de fomentar la productividad y competitividad para que redunde en beneficio del consumidor. El fomento de las exportaciones se logra apoyando la actividad internamente y en el exterior. Internamente, como hemos escrito previamente, con la capacitación, la tecnología, el crédito, los encadenamientos de sistemas de producción, transporte y mercadeo en sectores evidentemente promisorios como son los servicios del conglomerado de la región interoceánica, las agroindustrias, el turismo, la pesca. En el exterior, con los tratados de libre comercio que se negocian en la actualidad con EE.UU., Centroamérica y otros países y con apoyo en los mercados.
Las políticas macroeconómicas adecuadas son fundamentales para fomentar la competitividad y el desarrollo integral. América Latina lo aprendió, finalmente, en los últimos 20 años con buenos resultados. Sin ellas, el auge de la región en los últimos cuatro años no sería factible. Pero no son suficiente para el desarrollo integral. Se necesita, además políticas "micro", institucionalidad, desarrollo humano y reducción efectiva de la pobreza y marginación.
Olmedo Frago: "Me parece que es muy buena y debe seguir dándose. Esto ayuda al pueblo de escasos recursos económicos, que ya no sabe qué hacer con tantos aumentos".
Nivia de Beitia: "Bueno, la revolución de comida barata me parece muy buena para nosotros los pobres que estamos luchando, porque los precios están muy altos en el supermercado".
Irasema Rosas: "La comida está carísima y esto ha sido favorable. Yo trabajo y gano lo mismo. El dinero ya no me alcanza. Estos precios se deben mantener en todo el país".
Rosalba Moreno: "A mí me pareció muy bueno, esto ha sido una maravilla. Nosotros los pobres que no nos alcanza el dinero, estas ofertas son una verdadera ayuda".