El Tres de Noviembre (2)

La Revolución Inconclusa
PERO QUEDARIA incompleto el examen de este retazo de historia si no ensayásemos una explicación del mismo. La historia viva no puede ser sólo relato. Ha de importar también la crítica. Una causa aparente operaba la mala administración del Istmo por los gobernantes del altiplano: la distancia que los separaba y los difíciles, tardías e irregulares comunicaciones que entre ellos se tendían. Estimo innecesario detenerse en prolijas consideraciones sobre los efectos de este hecho. Suficiente es decir que dentro del sistema centralista siempre vigente en Colombia no era posible que el Istmo fuese gobernado acertadamente ni que los hombres dirigentes de a capital pudiesen enterase de sus necesidades y proveer a sus satisfacción. Otra causa hay más profunda que debo recoger aquí. Una observación atenta nos entrega de que los males que saturaban de lacerante dramatismo la vida istmeña matizaban también el paisaje de otras regiones colombianas y de la mayoría de las naciones que surgieron al segmentarse el coloniaje hispánico en América. Y una crítica sagaz nos sitúa sobre la ruta que nos lleva a la clave de este malestar general.
La lucha de las regiones contra el centro es, en efecto, un fenómeno general de la historia hispano americana en el siglo decimonono. La tragedia de ese mosaico de naciones llega al oído con una misma tesitura, inconfundible, desasosegada, violenta. Es la contienda de Buenos Aires contra las provincias, de Lima contra la sierra, de Caracas contra los llanos y las comarcas andinas, de Guayaquil contra Quito, de Bogotá contra varios estados, entre ellos Panamá. ¿Cuál era el recóndito origen de tal inquietud e inseguridad? No puedo más que exponerlo sumariamente. La revolución de la independencia no llegó en la América Hispana hasta su fin lógico. Quedó truncada y la interrupción se tradujo en la falta de organicidad, en la ausencia de un ritmo uniforme, en el tempo entrecortado con que transcurre la vida política hispanoamericana en todo el siglo pasado y en parte del actual. La revolución de independencia la hicieron hombres perneados por el pensamiento liberal que animaba las revoluciones norteamericana y francesa. La promovieron y encabezaron ciertos núcleos de criollos más o menos ilustrados, mas o menos ignorantes a quines seguían masas de mestizos, mulatos negros e indios sobre los cuales se batía el peso del coloniaje. Pero los que juzgaron el rol de jefes, al que llegaron unos por su ilustración y otros a través de sus hazañas guerreras unos por su ilustración y otros a través de sus hazañas guerreras, no pausaron las consecuencias de la ideología que parecía inspirarlos. Habría sido necesario que el régimen feudal español se hubiera liquidado en el punto donde residía en su esencia y de donde emanaba su fuerza en la organización de la propiedad territorial. Y aquí todo permaneció intocado. A los señores feudales llegados de la península, a los encomenderos, a los capitanes detentadores de enormes latifundios, sucedieron en el usufructo y la posesión de estos, los caudillos encumbrados por las guerras. Una clase de propietarios fue sustituida por otra. Y cuando quiera que las masas que formaban el substracto social intentaban reivindicar su derecho a la tierra eran sometidas en nombre de la Republica que para ellas no podía ser sino una realidad tan dura e inhumana como la colonia.
No habiéndose transformado el régimen de la propiedad territorial, base de toda la estructura social, no podía cambiar la vida política. El colonialismo siguió subsistiendo en las instituciones políticas, en la convivencia cotidiana, en las costumbres, en el pensamiento y en la literatura. Los caudillos y sus descendientes cumplían papel igual al de los nobles y capitanes españoles. La imitación del sistema federal saxoamericano les permitió acrecentar el poder que retenían en las comarcas. De aquí su lucha contra las tendencias hegemónicas del centro. En esas contiendas interminables, libradas bajo la divisa de principios partidistas aparentemente contradictorios, la plebe depauperada actuaba como una simple masa coral que atada al carro de los caudillos se reducía a satisfacer los intereses de éstos y repetir sus declaraciones. Esta es, quizás, la causa más profunda que le ha encontrado a las convulsiones hispanoamericanas del siglo pasado y el presente una crítica rigurosa, laboriosa y desprevenida. Una causa que sedimentaba también en el fondo de la escena colombiana, que se traducía en la miserable situación del Istmo y coopera a mantener en ebullición el sentimiento nacionalista istmeño.
Varias veces irrumpió sobre la superficie la fuerza de ese sentimiento: en 1830, 1831,1840 y 1861. Pero los intentos secesionistas no podían plasmar en una obra segura. El poder material del centro los cancelaba. Lograban articularse trabajosamente cada vez que una conmoción interna en Colombia reventaba o relajaba os resortes con que está manejaba la vida política del Istmo. Pero en cuanto al centro adquiría una normalidad relativa hacia allá gravitaba nuevamente Panamá. Sólo una fuerza mayor que la Colombia, que pudiese por lo tanto supeditarla, conseguiría que el Istmo clausurare definitivamente su unión con la altiplanicie bogotana. Y esa fuerza había venido descendiendo desde el norte en todo el decurso del siglo. Habíase residenciado en Panamá desde la primera mitad del siglo pasado y allí permaneció creciendo hasta que, llegada a un punto decisivo de sus desarrollo, convergió con otras corrientes históricas que arrastraron al Istmo fuera del orbe colombiano. Era el desenlace que nos marcaba nuestra fatalidad geográfica.
Antes de copiar, en reducidísima escala, la trayectoria de esa gran fuerza histórica que fue el factor inmediato y decisivo de la secesión de Panamá, conviene reseñar la actuación que el gobierno colombiano tuvo en el problema del canal interoceánico. Contrasta rudamente la atención que centraba en este extremo con la negligencia con que miraba los demás asuntos del Departamento. Un buen resumen de esta gestión se halla en el Informe de Comisión Parlamentaria que estudio el Tratado del 6 de abril de 1914 entre Colombia y Estados Unidos, recogido por el presidente de esta comisión, doctor Antonio José Uribe, en su libro "Colombia y los Estados Unidos de América". Dice: "Durante casi toda la ultima centuria hubo una dilatada y persistente labor de nuestros legisladores y diplomáticos a fin de lograr que la grande vía acuática se abriese, en condiciones de igualdad, para todas las naciones del globo, a través de Istmo colombiano, en virtud de privilegios otorgados ora a individuos particulares, ora a compañías de distintas nacionalidades, ora a gobiernos extranjeros. En efecto, ya desde 1835 el Congreso Granadino expedía el decreto de 27 de mayo, por el cual se concedió privilegio a Carlos Barón de Thierry para la pretura de un canal fluvial que uniera los dos océanos por el Istmo de Panamá; el 29 de mayo de 1838 sanciono otro legislativo para conceder privilegio a varios ciudadanos granadinos y franceses; en decreto de 1º de julio de 1842 excito al Poder Ejecutivo para que convocase a los individuos que quisiesen hacer propuestas para optar un nuevo privilegio; el 18 de julio de 1851 se concedió este por el Congreso a los señores Manuel Cárdenas y Florentino González, con el objetivo de abrir un canal que pusiese en comunicación los mares Atlántico y Pacífico, por el Atrato, y en decreto de la misma fecha se hizo igual concesión a los señores Ricardo de la Parra y Benjamín Beagle para comunicar los dos océanos, uniendo las aguas de los ríos Atrato y San Juan entre los paralelos 5 y 6. La Ley de 1º de julio de 1852 concedió privilegio a los señores Patricio Wills, Juan Henderson y otros, para abrir el canal por el Istmo del Darién, entre el golfo de San Miguel y la ensenada de Caledonia. En las instrucciones dadas en 1833 por el Secretario de Relaciones Exteriores, doctor Mariano Ospina, al Encargado de Negocios de la República en Inglaterra, don Manuel María Mosquera, le ordenaba que promoviese las gestiones conducentes a que los gobiernos de la Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, Holanda y España, tomasen a sus cargo la apertura del Canal de Panamá; el decreto legislativo de 18 de abril de 1855 hizo una concesión a los señores José Gooding y Ricargo Vanegas para que abriesen el canal entre los paralelos 4. y 8., uniendo las aguas del Atrato y sus afluentes con las que caen al Pacífico; el 25 de enero de 1865 se celebró un contrato para el mismo objeto con el apoderado del señor Henry Duestbury, contrato que improbó la Ley 60 de 27 de junio de 1866, que encierra las bases que debían servir al poder Ejecutivo para celebrar un contrato sobre apertura del canal y que ordeno que tales bases se publicaran en los principales periódicos de Europa y Norteamérica, a fin de abrir una licitación en el particular; el 14 de enero de 1869 firmaron en Bogotá los plenipotenciarios de los Estados Unidos de Colombia, doctores Miguel Samper y Tomás Cuenca, con el Ministro Residente de los Estados Unidos de América, honorable señor Meter J. Sullivan, un Tratado entre los dos Gobiernos para la excavación de un Canal que uniese al Atlántico con el Pacífico, a través del Istmo de Panamá y Darién. El Congreso de aquel año no aprobó el referido Tratado, pero excito al Poder Ejecutivo para que reanudase las negociaciones con el gobierno americano, a fin fe que , de acuerdo con las reformas introducidas por el mismo Congreso, se celebrara un tratado definitivo sobre las misma materia. Hízose así, en efecto, y el 26 de enero de 1870 se firmó el nuevo tratado en Bogotá por los plenipotenciarios de Colombia, doctores Justo Arosemena y Jacobo Sánchez y el entonces Ministro de los Estados Unidos de América, honorable señor Stephen A. Hurbult. Discutido este Convenio en la inmediata reunión de las Cámaras Legislativas, se aprobó con algunas reformas y llegó así a ser la Ley colombiana número 97 de julio de 1870. A pesar de las gestiones de nuestra Legación en Washington, el Senado americano no llegó a tomar en consideración aquel Tratado, por lo cual el Congreso de Colombia expidió la Ley 33 de 1876, a fin de autorizar al Poder Ejecutivo para negociar la apertura del canal sobre las base que la misma Ley contiene y que fueron adoptados en el contrato de 26 de mayo del miso año, celebrado por el Secretario de Relaciones Exteriores de la República, doctor Manuel Ancízar, y el apoderado en Bogotá del General Etienne Turr; el tal contrato no se llevó a efecto, pero dio lugar al que se celebró en Bogotá por el General Eustorgio Salgar, Secretario de Exteriores de Colombia, y el señor Lucien N. B. Wise, apoderado de la Compañía Francesa del Canal Interoceánico, contrato que se aprobó por la Ley 28 de 1878, y fue prorrogado por la 107 de 1890, por la 21 de 1892, por el contrato de 4 de abril de 1893 y por Decreto Legislativo de 23 de octubre de 1900".