En una carrera contra el reloj, el Congreso inició ayer el trabajo legislativo para aprobar antes del 16 de junio, cuando termina su periodo legislativo, leyes que convocan un referendo contra la corrupción y amplían la base tributaria para sanear las deficitarias finanzas del estado.
Al referendo que cursa en el Congreso, el gobierno le retiró el artículo que disolvía las cámaras legislativas y convocaba a nuevas elecciones, que fue el detonante de una crisis política que enfrentó al legislativo con el ejecutivo.
El Partido Liberal, que controla las mayorías legislativas de la oposición, amenazó con presentar otro referendo para reducir el período de gobierno del presidente Andrés Pastrana. La iniciativa también fue retirada para superar la crisis.
"Hay un deseo de cambio, pero bajo una regla profunda de estabilidad y eso se refleja en las encuestas", dijo ayer el Ministro del Interior, Humberto de la Calle, al explicar el viraje dado por Pastrana de no solo desactivar la bomba política de la revocatoria del Congreso, sino de aceptar modificaciones a su referendo.
"El deterioro de la economía, la alteración de la tranquilidad había creado un estado de crispación, que había que superar", dijo La Calle a una radioemisora local, al explicar el cambio en la conducta gubernamental.
"Colombia tendrá en el año 2000 un nuevo Congreso más barato, más pequeño y más transparente", agregó.
Según el ministro, también habrá, a corto plazo, la reforma política para ampliar la participación democrática, castigar con inhabilidades perpetuas a los corruptos, eliminación de los privilegios de legisladores y la creación de un alto tribunal de ética para penalizar en juicios sumarios a quienes fraudan el tesoro nacional.
Aunque el ambiente político está distensionado, todavía la oposición liberal espera introducirle al referendo modificaciones sustanciales para apliarlo hacia le búsqueda de soluciones al problema de los altos niveles de desocupación que registra Colombia.
"Los proyectos económicos hay que mirarlos con mucho cuidado para enriquecerlos con medidas contra el desempleo y no solo limitarlos a los impuestos", dijo ayer el senador Luis Guillermo Vélez, presidente del Partido Liberal.
En la bancada opositora liberal también hay sectores que han expresado reservas sobre la reforma política que eventualmente intentarán presentar en el debate legislativo, lo cual ha impulsando a un grupo de congresistas independientes y dirigentes cívicos a promover un referendo popular, con un texto igual al presentado originalmente por el gobierno, incluyendo la revocatoria del Congreso.
"El liberalismo oficialista está en su legitimo derecho de continuar en la oposición y eso es bueno", dijo La Calle y señaló que los promotores del referendo popular también están "actuando dentro de la ley" y por eso el Gobierno no puede hacer nada para bloquear su iniciativa.
