El abogado Ricardo Monner Sans pidió ayer al Consejo de la Magistratura que promueva juicio político al juez Marcelo Aguinsky, uno de los magistrados que interviene en las causas por la venta clandestina de armas a Croacia y Ecuador.
Monner Sans, quien promovió judicialmente la investigación por esas ventas en 1995, acusó a Aguinsky de "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones". El juez pidió el viernes a la Corte Suprema de Justicia que se haga cargo de esos juicios, presuntamente por estar involucrados gobiernos extranjeros.
Legisladores de la oposición y la prensa calificaron la resolución de Aguinsky de maniobra inspirada por el gobierno del presidente Carlos Menem, varios de cuyos ministros aparecen involucrados en el tema de las armas.
La Corte Suprema, en la que cinco de sus nueve miembros se consideran políticamente alineados con el gobierno, generalmente acoge en sus fallos los puntos de vista del poder ejecutivo.
Menem y varios ministros firmaron los decretos autorizando ventas de armas a Panamá y Venezuela, en operaciones en las que se utilizó documentación que luego se demostró era falsa. El material bélico se envió, en cambio, a Croacia, a despecho de un pleno embargo de las Naciones Unidas, y a Ecuador, durante su conflicto fronterizo con Perú.
Igualmente, la justicia argentina continúa el proceso contra el ciudadano alemán Thomas Drach, sobre quien pesa una petición de extradición de su país por secuestro extorsivo, pese a un recurso de nulidad presentado por su defensa ante la Corte Suprema, informaron ayer a la AFP fuentes judiciales.
Contra Drach se sustancian dos causas: la primera se refiere específicamente a la petición de extradición por el secuestro del empresario alemán Jan Phillip Reemtsma, y la segunda, por exhibir documentación falsa cuando fue detenido en Buenos Aires, en abril de 1998.
Una funcionaria de la oficina del juez federal Jorge Luis Ballestero, a cargo del trámite de extradición, señaló que el magistrado fijó una audiencia para el próximo 2 de marzo.
Entre tanto, fuentes del despacho del también juez federal Gabriel Cavallo indicaron que "la causa sigue su trámite normal" y que desconocían la supuesta presentación realizada por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia.
Los jueces deben resolver las acusaciones en sendos juicios orales. Los abogados de la defensa, Osvaldo Peña Alvarez y Víctor Stinfale, no han respondido hasta este mediodía local a los requerimientos de la AFP.
Informaciones de prensa en Buenos Aires aseguraron que Peña Alvarez y Stinfale intentan obtener la libertad de Drach mediante la presentación, ante el máximo tribunal, de una petición de nulidad de todas las medidas judiciales que llevaron a éste a permanecer detenido en la capital argentina.
Los abogados cuestionaron la supuesta inobservancia de las garantías previstas en el Código Penal argentino, la Constitución argentina y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Estos letrados afirman que es "inexistente" el requerimiento fiscal para concretar el proceso de extradición, que los agentes de Interpol no exhibieron ante Drach la orden judicial de detención cuando lo arrestaron en su habitación de un hotel y aluden a presuntos vicios de forma en la declaración de incomunicación contra su cliente y la respectiva prórroga, pasaporte británico con nombre falso con el que ingresó al país desde Uruguay para un recital del grupo de rock Rolling Stones, que utilizó además para la compra de un automóvil Mercedes Benz.
Paralelamente, el alemán afronta una acusación de la justicia de su país por el secuestro extorsivo del empresario Reemtsma, con la consiguiente petición de extradición, aun cuando no existe un convenio bilateral, lo que permitiría agilizar el trámite.
Drach está detenido en el sector de máxima seguridad de la cárcel capitalina de Caseros y comparte sus horas con dos ciudadanos italianos, padre e hijo, acusados en su país de origen de pertenecer a la mafia calabresa, dijo la agencia oficial de noticias Télam.
