Equilibrio en el Mercado Energético

LOS RECIENTES acontecimientos ocurridos en la Hidroléctrica Ascanio Villalaz, en Bayano, y que afectaron a un número plural de agricultores, colocaron sobre la mesa un problema latente, que de no corregirse puede repetirse, en otros puntos del país, con consecuencias impredecibles.
Más aun, puede poner en entredicho las políticas públicas concebidas por el Gobierno Patria Nueva hacia ese sub sector.
Abordemos las cosas de manera directa: ¿Quién manda en el sub sector de energía? ¿De cuánto equilibrio goza nuestro mercado eléctrico? ¿Hasta dónde y a quién le corresponde garantizar el balance entre consumidores, generadores, transmisores y distribuidores? Sin entrar a contradecir las leyes del mercado, ¿debe dejarse al lesseferismo la administración y dirección de este sub sector?
Aun cuando el proceso privatizador iniciado hace siete años abrió con un relativo éxito el mercado energético, existen allí problemas como la dualidad de un servicio que de social pasó a comercial; una dirección divida en cuatro (eh ahí el problema de Bayano) y una aparente confusión entre la dinámica del libre mercado y la necesaria regulación administrativa, en relación con el desarrollo nacional.
Asimismo las acciones unilaterales de actores comprometidos en este escenario, más preocupados por sus propios intereses que por el desarrollo del país, han convertido el sector energético nacional en una de las áreas más vulnerables e inmanejables.
Es una realidad que equivocadamente ha transformado en sinónimos conceptos como privatizar y anarquizar, en detrimento del primero. A nadie escapa que muchos consumidores culpan injustamente al proceso privatizador de las serias irregularidades que afectan al sub sector.
A esto sumémosle las constantes y sostenidas alzas en el precio del petróleo y la tendencia a estabilizarse en precios muchos más altos que los regularmente conocidos.
Tal como están las cosas, una duda justificada genera en el consumidor sospechas a cerca de lo protegido que pueden estar sus intereses en manos de quienes precisamente cobran por el servicio, y sin que nadie, ni siquiera el Estado vele por el correcto funcionamiento del sector energético.
El desarrollo nacional, la existencia de dos servicios públicos que requieren de grandes fuentes de energía como lo son el de electricidad y el de transporte, la necesidad de un servicio eficiente y los compromisos que se derivan del proceso de interconexión que se adelanta en Centroamérica, y de Panamá con Colombia, hacen del sub sector de energía un tema de Estado y de seguridad nacional, con dinámica propia, que no puede ser administrado mediante aparatos cuatricéfalos.
Actualmente las funciones de la política energética panameña están distribuidas en el Ente Regulador de Servicios Públicos, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. y el Ministerio de Comercio. Cada una maneja, en apariencia, todo el espectro. Los hechos revelan sin embargo que se trata de un rompecabezas en la que cada quien maneja una parte, y a la hora de las responsabilidades, esta puede navegar de puerto en puerto.
Veáse como se vea lo cierto es que en el mercado el único afectado es el desarrollo mismo del país, y los consumidores.
Urge que el Estado concentre todos estos aspectos en la formulación rigurosa de una Política Energética de Estado, que sea dirigida por un ente dedicado especialmente a estos menesteres.
El gobierno, Patria Nueva tiene la responsabilidad de crear, la Autoridad Nacional de Energía, con la jerarquía e independencia necesaria para ejercer una política energética coherente, que se traduzca en energía barata, confiable y contínua, para atraer la inversión, y crear empleos.
Una posible interconexión con Colombia y la posibilidad de un gasoducto son proyectos estratégicos de mediano o largo plazo, para los cuales ya se han iniciado análisis que podrían redundar en la solución de dificultades coyunturales tanto del sub sector de energía eléctrica, como el de hidrocarburos, carecen de un contexto delimitado por los objetivos generales y específicos de la política estatal en materia energética. Son hechos que también hacen necesaria la formulación de una política energética integral. De otro modo la ausencia de ella puede dar al traste con las buenas intenciones del Gobierno Nacional.
El diseño y aplicación de una política energética por parte del Estado como base del desarrollo económico, debe producir el equilibrio y balance que requiere nuestro mercado energético y que la regulación actual no ha podido lograr.
Peor aun. El país vive en una zozobra permanente, debido a los incrementos semestrales de las tarifas de energía, determinadas por los productores, a expensas de consumidores indefensos, y de un Estado que con la legislación actual, está de manos atadas.
Son debilidades nacionales que se reflejan además en las recientes licitaciones de compraventa de energía y potencia, en donde se ha discriminado a algunos participantes térmicos, sin embargo, los precios ofertados por las mayores hidroeléctricas del país han calificado como propuesta onerosas y antieconómicas dando la percepción que ésta energía es producida con derivados del petróleo.
La prioridad e integralidad en la formulación de nuestra política energética debe también eliminar obstáculos, tal es el caso de la ya aprobada Ley de Mini hidros que hasta la fecha no ha sido reglamentada y que seguramente va ha sufrir discriminaciones para el acceso a redes o limitación de participación del Mercado Mayorista. Tal tipo de discriminación constituye un obstáculo para la concreción de objetivos de promover el uso de fuentes limpias de generación, siendo este uno de los objetivos prioritarios en materia de política energética. Sin embargo, ha falta de un ente que ejecute las políticas energéticas, el ERSP se abroga el derecho de promover proyectos hidroeléctricos, sobrepasando su verdadera razón de ser que es la de "regular". Hasta tanto no se canalicen las responsabilidades del sector energético con un solo ente que ejecute la política energética aprobando un programa plurianual de estudios, análisis energéticos y otros trabajos conexos del sector, los intentos de neutralizar los incrementos en los precios del petróleo serán insuficientes o nulos.
Es imprescindible hacer un plan nacional que incluya en toda su extensión nuestro principal recurso que es el agua, asociado a que el gobierno debe apoyar activamente el desarrollo de mecanismos de desarrollo limpio.
Los panameños aspiramos a tener urgentemente una política estatal en el sector energía con carácter integral que promueva la investigación para desarrollar fuentes de energía alternativa. Es necesario que el Estado tome las decisiones de política energética, para que estas sirvan de guía base para todo agente económico establecido en nuestro mercado e incentivos para el ingreso de nuevos agentes económicos. En síntesis la volatilidad de los precios del petróleo hacen impostergable la adopción de una política energética integral por parte del Gobierno Nacional.