El escándalo por el tráfico ilegal de armas desde Argentina a Croacia y Ecuador se ha extendido a este país andino, donde se apunta a la cúpula militar de 1995 como responsable de una compra millonaria de armamento-chatarra.
La investigación ha revelado que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas esperó cinco meses para reclamar por la presunta estafa que supuso recibir material bélico obsoleto desde Argentina, pagado con sobreprecio.
Ecuador compró a Argentina en febrero de 1995, a través de intermediarios, 4.998 fusiles y un millón de proyectiles, en un momento de emergencia nacional debido al enfrentamiento bélico fronterizo con Perú.
Ese es el argumento principal de los responsables militares de la época para justificar que tras recibir el armamento se envió inmediatamente sin ser verificado a los reservistas que se entrenaban en la Brigada Galápagos en Riobamba (centro del país) para defender la frontera con Perú.
Fue allí donde se descubrió que las armas databan de 1993 y eran obsoletas, aunque pintadas para que parecieran nuevas.
Sin embargo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas aguardaron hasta julio de 1995 para suspender la llegada de más entregas de material bélico y finalizar unilateralmente el contrato.
La investigación en curso reveló que se firmó en Ecuador el acta de recepción del armamento, que señalaba que el material era nuevo.
Ecuador, debido a la guerra con Perú, estaba sometido en 1995 a un bloqueo internacional para la venta de armas, que desde Argentina no se respetó a pesar de ser país garante para la solución del conflicto.
El caso está en proceso de investigación en Ecuador y por ahora aparecen como acusados los empresarios en armamentos Roberto Sassen y César Torres Herbozo, pero la actuación de altos mandos militares de la época también es cuestionada.
El diputado Fernando Rosero, quien en 1996 era contralor general del Estado, insistió en que la Justicia debe sancionar a los responsables de la compra del armamento-chatarra.
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