A cuatro meses del informe de las fuerzas armadas sobre el destino de 200 desaparecidos durante el régimen de Augusto Pinochet, los resultados son casi nulos y el gobierno y los militares buscan precisar la búsqueda.
Como consecuencia de un trabajo de casi un año de una mesa de diálogo entre civiles y militares, las fuerzas armadas entregaron el 5 de enero un informe sobre el paradero de 200 detenidos desaparecidos, afirmando que 151 fueron lanzados al mar, ríos y lagos y 49 sepultados en fosas.
Sin embargo, hasta ahora sólo se ha logrado identificar plenamente un cadáver, el de un sindicalista detenido en 1976, enterrado al interior de un fuerte militar cercano a Santiago.También se cuenta con la identificación preliminar de otras dos personas, de diez restos humanos encontrados en una quebrada a 30 kilómetros de esta capital.
Las críticas por los pobres resultados de las indagaciones recrudecieron luego del hallazgo e identificación del sindicalista Juan Luis Rivera, que según los militares había sido lanzado al mar.
Luego de ello el gobierno intensificó sus gestiones ante los militares para obtener información más precisa.
"El ministro de Defensa está en contacto con los comandantes en jefe para ver el mecanismo y avanzar en esa dirección", dijo el portavoz oficial, Claudio Huepe.
El gobierno ha defendido a los militares, que han sido fustigados por entregar una información que contiene muchos errores, según abogados de derechos humanos y organizaciones de familiares de las víctimas. Y ha sostenido, como lo planteó el presidente Ricardo Lagos, que deben ser los tribunales los que determinen la veracidad de la información entregada.
