La Justicia española investigará los presuntos delitos contra la Humanidad cometidos por los militares en Guatemala, una vez que la Audiencia Nacional admitió ayer a trámite la denuncia presentada por Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz.
El juez de la Audiencia Guillermo Ruiz Polanco hizo público un auto en el que notificó que dará curso a la denuncia contra los responsables de los últimos regímenes militares guatemaltecos por genocidio, terrorismo, torturas, asesinatos y detención ilegal.
El procedimiento judicial se dirigirá contra ocho personas, entre las que figuran los generales Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejías Víctores y el ex presidente de ese país centroamericano Fernando Romeo Lucas García.
Se incluye también al ex ministro de Defensa Angel Aníbal Guevara Rodríguez, al ex ministro de Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz, al ex jefe el Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García y a los ex jefes policiales Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo.
En el auto en el que se declaró competente para conocer de la causa de hechos ocurridos entre 1962 y 1994, el magistrado consideró que los tribunales españoles deben suplir a la jurisdicción guatemalteca "en ausencia de su ejercicio honrado y eficaz".
No se pretende eludir "la jurisdicción territorial primigenia" de Guatemala, sino llevar los casos denunciados a instancias judiciales en las que, según explicó el juez, se sostiene la persecución universal de los delitos cometidos contra los Derechos Humanos.
Ruiz Polanco afirmó que "aceptar lo contrario no sería otra cosa que una alcahuetería imperdonable y prevaricadora" y señaló que "no cabe presumir que la petición de justicia a los tribunales españoles se haga por los denunciantes por razón de capricho o frivolidad".
El pasado 2 de diciembre, la líder indígena Rigoberta Menchú presentó ante la Audiencia Nacional una denuncia centrada en tres casos, el primero de los cuales es el asalto militar de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980.
La legación, que estaba ocupada por indígenas que protestaban por sus condiciones de vida, fue quemada por el Ejército e incendiada, acción a resultas de la cual murieron 37 personas, entre ellas tres españoles y el padre de la propia Menchú.
Los otros dos casos que se detallaron fueron la persecución que sufrió la familia Menchú -aparte del padre, dos hermanos fueron asesinados y su madre torturada- y la muerte de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cirera, Juan Alonzo Fernández y Carlos Pérez Alonzo durante la dictadura.
La demanda de la premio Nobel de la Paz recogió también el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que calculó en 200,000 las víctimas durante los 36 años de guerra civil que sufrió el país centroamericano.
"Las reticencias de los Estados (...) obligan a las víctimas de los crímenes contra la humanidad, a sus herederos, a sus familias y a quienes representan el sufrimiento de todos ellos a un costoso peregrinaje judicial internacional", sostuvo el juez en el auto.
Ruiz Polanco argumentó también en contra del fiscal, que solicitó que se rechazara la denuncia al tratarse de cuestiones referidas a un "conflicto armado interno", y subrayó que "los hechos denunciados ostentan la luminosa apariencia de genocidas y ello es suficiente".
Añadió que de la denuncia "se infiere con total claridad que los hechos pretendidamente ejecutados por los denunciados se encaminaron al exterminio del pueblo maya en su realidad étnica, racial y social, en su pretextada calidad de favorecedor o encubridor -y aún de originador- de la insurgencia o revolución en Guatemala".
Junto al auto, el magistrado ordenó enviar una comisión rogatoria a las autoridades guatemaltecas para que le informen "de si en la actualidad se sigue algún proceso penal contra las personas denunciadas" y "del domicilio actual de las personas denunciadas".
Tras conocer la resolución, Carlos Vila, abogado de Menchú en España, anunció que pedirá al juez Ruiz Polanco que dicte órdenes de detención internacional contra los implicados "para evitar que eludan la acción de la justicia".
Por su parte, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) expresó su apoyo a la decisión de la Justicia española de investigar la denuncia presentada por Menchú contra varios militares y civiles de su país por supuestos delitos de genocidio.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
