España renunció el lunes a presentar toda apelación posible contra una resolución británica de liberar por "razones humanitarias" al ex general chileno Augusto Pinochet negando su extradición para ser procesado en Madrid por crímenes de lesa humanidad.
La decisión de España es "de no presentar recurso alguno ante la resolución que tome en su día el Ministerio (británico) del Interior en el proceso de extradición del Senador Pinochet", afirmó un comunicado oficial.
Al mismo tiempo, el Gobierno centroderechista del presidente José María Aznar entregó a Londres las alegaciones del juez Baltasar Garzón sobre la determinación británica de autorizar el retorno de Pinochet a Chile debido a su precario estado de salud, adelantada la semana pasada por el ministro del Interior británico, Jack Straw.
El Canciller Abel Matutes explicó que con tales iniciativas se respondió al doble objetivo "de cumplir con la justicia y preservar las buenas relaciones" con Chile, enturbiadas tras la detención de Pinochet en Londres y la solicitud española de extradición.
En el comunicado, el Gobierno subrayó que "preservar" la relación bilateral con Chile "es y ha sido siempre una prioridad absoluta" para España.
Aznar telefoneó ayer mismo al electo presidente socialista chileno Ricardo Lagos para felicitarlo por su "histórico" triunfo y expresar su determinación de cooperar estrechamente con su gobierno para reforzar las "excelentes relaciones" bilaterales, al "margen de los problemas concretos", como el efervescente caso Pinochet.
En el plano judicial, se recibió con beneplácito la decisión gubernamental de transmitir a Londres las alegaciones del juez Garzón, pero analistas vislumbraban desde ya que la "vía política" está abriendo una "inesperada solución" al caso Pinochet "en desmedro de la vía judicial".
Los abogados acusadores de Pinochet en España no perdían la esperanza de que Straw responda a las peticiones formuladas por el Juez Garzón, resumidas en cuatro pilares fundamentales: autorización para interrogar a Pinochet en Londres conocer el informe médico que señala la incapacidad físicomental de Pinochet para soportar un juicio en España, (de mantenerse la confidencialidad médico) que se le practique un segundo examen médico al acusado, con participación de dos forenses de la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española, (en caso de negar la extradición) procesar en Londres al ex General incluyendo los delitos de genocidio, terrorismo y torturas por las que Pinochet está acusado en un sumario abierto en 1996 en Madrid.
Garzón argumenta que la Justicia española necesita incorporar los datos médicos sobre la incapacidad mental del acusado para "archivar el proceso o, por el contrario, seguir adelante con él".
"Cabe esperar que Straw atienda a las alegaciones" del juez Garzón, dijo el abogado de la acusación Joan Garcés, pues el informe médico presentado hasta el momento no se ha realizado "en términos aceptables por un tribunal de justicia".
Si un nuevo análisis demostrara que Pinochet está realmente muy grave "pero que su mente está lúcida", debería de acuerdo con las leyes comparecer ante un tribunal español, ante un tribunal británico o, en último término, ante los jueces de otros países que han pedido la extradición, como Francia, Bélgica o Suiza, explicó.
"En caso contrario, el proceso debería suspenderse hasta que mejore su situación psicológica. El mejor derecho para juzgar a Pinochet lo tiene España, que ya tiene concedida la extradición", recordó.
Straw anunció el pasado 11 de enero que se "inclinaba" a liberar a Pinochet y negar su extradición a España basándose en un informe médico independiente que de manera "inequívoca y unánime" concluye que el acusado "no está en condiciones de afrontar un juicio".
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