El juez Baltasar Garzón, que logró en octubre de 1998 el arresto en Londres de Pinochet, quiere revisar en profundidad el diagnóstico de los médicos británicos, que declararon al general, de 84 años, incapaz de enfrentar un juicio.
Dos periódicos españoles publicaron el miércoles el reporte, que fue filtrado a la prensa, según el cual Pinochet sufre un deterioro de sus funciones mentales.
Las fuentes dijeron que dependiendo de la conclusión de los médicos españoles, Garzón decidirá si pide que se realicen otros exámenes.
Dependiendo de las conclusiones de los doctores españoles, Garzón, quien pretende juzgar a Pinochet por crímenes cometidos durante su régimen de facto en Chile (1973-1990), podría solicitar una segunda evaluación.
El magistrado decidió realizar esta diligencia en el mayor secreto, sin divulgar los nombres de los médicos que ha designado, para que no se sientan presionados, dijo una fuente próxima al juez.
La fuente agregó que se trata de un equipo "de cinco o más miembros". El grupo, que incluye a un psiquiatra, especialistas geriátricos y un neuropsicólogo, inició sus labores el miércoles en la noche y tiene tiempo hasta el lunes para presentar sus conclusiones a Garzón.
Un juez del Tribunal Superior británico autorizó el martes la entrega de copias del informe a los cuatro países, con la condición de que su contenido no se hiciera público.
La filtración del reporte en España generó una fuerte controversia. La oposición española ha culpado al ministerio de Asuntos Exteriores de su país por la difusión.
Pero el canciller, Abel Matutes, quien rechazó enfáticamente las acusaciones, dijo que "siempre he estado a favor de la publicidad de los informes médicos, pero desde luego, no a través de filtraciones. Tenemos la seguridad de que la filtración no ha salido de este Ministerio".
Matutes reiteró que su gobierno no trasladará a Londres nuevas apelaciones de Garzón. Luego del pronunciamiento de Straw el mes pasado, las autoridades españolas afirmaron que el caso había pasado de la esfera judicial a la política, por lo que ya no tenían obligación de trasladar los requerimientos de Garzón.