La Contraloría General de Nicaragua iniciará hoy una investigación para determinar si promueve un juicio contra el presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, en medio de un escándalo sobre denuncias de corrupción, informó ayer domingo la prensa local.
La subcontralora Claudia Frixione adelantó al diario La Tribuna que la medida busca que Alemán de explicaciones acerca del aumento del 900% que tuvo su patrimonio personal de 1990 a 1997, mientras se desempeñó como concejal y alcalde capitalino.
La investigación de la Contraloría determinaría si existen anomalías jurídicas en la adquisición de bienes que aumentaron el patrimonio del presidente, a fin de decidir si el caso es llevado a los tribunales.
La subcontralora señaló que Alemán también deberá dar explicaciones sobre las recientes compras de propiedades en distintas partes del país, donde el gobierno planea ejecutar proyectos turísticos, según denuncias de la prensa nicaragüense.
Las informaciones de la subcontralora surgen en medio de una enconada lucha y acusaciones mutuas de corrupción entre el contralor general Agustín Jarquín y el presidente, que mantienen agitado el ambiente político local.
El pasado 26 de febrero, Jarquín reveló que el patrimonio del mandatario, que en 1990 estaba valorado en 118,000 dólares, aumentó siete años después a casi un millón de dólares (un 900%), tras dejar sus cargos como concejal y alcalde de Managua.
La agria disputa que mantienen Alemán y Jarquín recrudeció el pasado martes, cuando el Gobierno denunció que la Contraloría malversó más de 600,000 dólares para contratar a varios asesores de comunicación mediante documentos y nombres falsos, entre ellos a Danilo Lacayo, un popular presentador de televisión que fue portavoz de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-97).
Según el Gobierno, esas contrataciones fueron "ilegales" y ayer sábado acusó penalmente a Jarquín, Frixione y a otros tres altos funcionarios de la Contraloría, bajo cargos de malversación de fondos, falsificación de documentos
públicos, fraude y peculado.
Frixione aseguró que ni ella ni Jarquín renunciarán a la inmunidad de que gozan como subcontralora y contralor, porque los documentos que el Gobierno presentó fueron "obtenidos ilegalmente" y carecen de validez.
