Ex generales protestan en Argentina

Un grupo de generales retirados argentinos expresó ayer domingo su malestar por la detención de varios militares, entre ellos dos ex presidentes "de facto", en relación con la causa que investiga el robo de menores durante el régimen castrense que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
"Resulta paradójico que después de 20 años Argentina persista en comprometer su futuro aferrándose a un pasado de irracionalidad", indicó el "Foro de Generales", que agrupa a unos 200 militares retirados del Ejército, en una declaración distribuida ayer a la prensa.
El juez federal de Buenos Aires Adolfo Bagnasco investiga la sustracción, apropiación ilegal y cambio de identidad de 194 menores hijos de desaparecidos durante el último régimen militar.
Por esos casos, el magistrado dispuso el arresto de los ex presidentes militares Jorge Videla y Reynaldo Bignone, del ex jefe de la marina de guerra Emilio Massera, del ex comandante del Ejército Cristino Nicolaides y de otros cinco oficiales de las Fuerzas Armadas.
Para el "Foro de Generales" también resulta "paradójico la celeridad y efectividad" con que se tramita la causa por el robo de menores, lo cual asegura "contrasta con la lentitud y ambigüedad de otras presuntas investigaciones sobre hechos de resonante actualidad".
Alude así a las pesquisas sobre el presunto contrabando y venta ilegal de armas y municiones argentinas a Croacia y Ecuador cuando esos países estaban en guerra, causas en las cuales los jueces han ordenado el arresto de siete personas, entre ellas tres ex oficiales del Ejército.
El fiscal Carlos Stornelli, encargado de esta investigación, ha imputado de complicidad al jefe del Ejército, el general Martín Balza, y a los ministros de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, y de Trabajo y ex titular de Defensa, Erman González.
"El llamativo silencio que la dirección política guarda por este urticante problema (el caso de las armas), como si sucediera en otro país, contribuye a acentuar el deterioro del sector militar, favoreciendo el accionar persecutorio en su contra", agrega el "Foro de Generales".
Las investigaciones sobre el presunto contrabando y venta ilegal de armamento a Ecuador y Croacia cuando esos países sufrían un embargo armamentista decretado por las Naciones Unidas, comenzaron hace dos años por una denuncia de diputados nacionales de la oposición.