Un ex sargento del Ejército chileno confesó la autoría del asesinato a tiros de un joven durante las manifestaciones de repudio al ex dictador Augusto Pinochet, el 11 de setiembre, pero no hay pruebas que vinculen al homicida con alguna organización clandestina de ultraderecha, informó ayer el Ministerio del Interior.
La posible acción de bandas terroristas de simpatizantes de Pinochet en esa fecha, aniversario del golpe de Estado que encabezó para derrocar al mandatario socialista Salvador Allende en 1973, figuró en planes gubernamentales para prevenir o controlar actos de violencia callejera, según versiones oficiales.
La policía de Investigaciones capturó el martes a un sospechoso, un militar retirado, y éste se autoinculpó de la muerte del obrero Boris Gatica, de 22 años, que cayó baleado en una barriada de la comuna de Peñalolen, en el este de Santiago.
Los agentes se incautaron de medios de prueba, entre ellos la pistola usada en el crimen, precisó el subsecretario del Interior, Guillermo Pickering. Sin embargo, el Gobierno no sabe de ninguna relación con grupos reorganizados de ex agentes de las policías secretas de la dictadura de Pinochet, agregó.
El juez del caso será quien lo determine, indicó Pickering, tras advertir de que un reagrupamiento de ex miembros de las agencias represivas del régimen de Pinochet (1973-1990) no está descartado. "Algo de eso puede haber", admitió.
En vísperas del aniversario del golpe de Pinochet, hace 26 años, diarios de Santiago dijeron que informes policiales advirtieron sobre incursiones de escuadrones derechistas o nacionalistas empeñados en agudizar el clima de confrontación o venganza por la captura del ex dictador.
Pinochet, de 83 años, ex jefe del Ejército y actual senador vitalicio, fue arrestado en Gran Bretaña el 16 de octubre de 1998 a petición del juez español Baltasar Garzón, que le inculpa por graves violaciones de los derechos humanos bajo su régimen, entre ellas las ejecuciones o asesinatos de unos 3.000 opositores.
El juicio para decidir su extradición a España, que comienza el 27 de setiembre en el tribunal de Bow Street de Londres, podría prolongarse dos años, a menos que las autoridades españolas y del Reino Unido acepten aplicar la liberación por "razones humanitarias", tomando en cuenta su ancianidad y su mal estado de salud.
El Gobierno chileno respalda esa salida, tras fracasar en sus gestiones diplomáticas para anular las acciones judiciales europeas, que rechaza como una intromisión extranjera para juzgar delitos cometidos en Chile. El martes, la Cancillería de Santiago dijo que las relaciones con España "son malas", ahora empeoradas por la decisión del Gobierno español, que descartó un arbitraje internacional para resolver la legalidad del proceso que lleva Garzón.
La defensa de la soberanía chilena fue reivindicada enérgicamente por las Fuerzas Armadas y los partidos de derechas, los dos principales soportes del régimen de Pinochet.
Tras la detención del general hace 11 meses, las Embajadas de España y Gran Bretaña en Santiago fueron blanco de la hostilidad de fanáticos pinochetistas y el Gobierno dispuso vigilancia especial para algunos líderes de la coalición gobernantede centro-izquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia, que incluye a los socialistas.
