Tres ex jerarcas de la anterior dictadura militar apelaron la prisión preventiva que les impuso un juez federal por su presunta implicación en el secuestro de niños nacidos en cautiverio.
Los tres implicados son el ex general Cristino Nicolaides, último jefe del ejército durante la dictadura; el ex capitán de navío Jorge Acosta y el ex jefe de prefectura (guardacostas) Héctor Febres.
Los tres presentaron sus apelaciones ayer, minutos antes de que venciera el plazo procesal.
La causa fue iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo, al sostener que durante la "guerra sucia" del régimen militar de 1976-83 contra disidentes e izquierdistas existió un plan sistemático para entregar niños nacidos en cautiverio a familias de militares.
El juez Adolfo Bagnasco determinó en un fallo el 21 de enero que "se verificaron nacimientos clandestinos" en siete centros ilegales de detención, entre ellos la Escuela de Mecánica de la Armada, por donde se estima que pasaron 5.000 detenidos, la mayoría de los cuales aún están desaparecidos.
Las apelaciones se suman a las del ex presidente de facto Reynaldo Bignone, los ex titulares de la marina, Emilio Massera y Rubén Franco, y el almirante Antonio Vañek, procesados por la misma causa. También está detenido desde junio el ex presidente Jorge Videla.
Ahora la Cámara Federal deberá pronunciarse sobre el fallo.
Acosta y Febres cumplen su prisión preventiva en la guarnición militar Campo de Mayo, al noroeste de la capital. Los demás procesados, incluido Videla, la cumplen en sus domicilios como les permite la ley por ser mayores de 70 años.
Bagnasco se apresta a citar en las próximas semanas al ex presidente Leopoldo Galtieri, el que en 1982 inició la guerra con Gran Bretaña por las islas Malvinas.
Cifras oficiales indican que hubo 9.000 desaparecidos durante la dictadura, pero los grupos de derechos humanos sostienen que la cifra verdadera se acerca a los 30.000.
