El ex general Guillermo Suárez Mason, ex represor durante la dictadura militar, dijo hoy que tiene en su poder instrucciones escritas del Comando en Jefe del Ejército para la represión de la guerrilla.
"Yo las tengo, sí. Pero no voy a hablar de eso", dijo Suárez Mason a una radioemisora, luego de señalar que recibía las órdenes del "Comando en Jefe" del Ejército.
El ex militar fue comandante del I cuerpo de Ejército entre enero de 1976 y el mismo mes de 1979, y escapó del país para evitar ser juzgado como otros acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Posteriormente fue capturado en Estados Unidos y el ejército le dio de baja.
La existencia de documentación relacionada con la represión ilegal desató una polémica luego que el ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, que está bajo arresto domiciliario, reconociera que ordenó incinerarla, pero que debía existir algún tipo de orden escrita en poder de la fuerza.
Esa afirmación fue negada de plano reiteradamente por el jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, quien se puso a disposición del juez federal Adolfo Bagnasco.
El magistrado investiga actualmente el secuestro de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura que gobernó hasta 1983, y ordenó la detención de ocho militares.
A pesar de señalar que tiene en su poder los documentos, Suárez Mason dijo que no puede "aportar" datos sobre el destino de los desaparecidos durante su gestión, porque dijo no conocerlos.
Asimismo, dijo que el secuestro de niños nacidos en cárceles clandestinas fue "una aberración".
"Cargo de conciencia tenemos todos, de un lado y de otro, porque fue una época muy violenta", declaró el ex general apodado "Pajarito" por sus camaradas cuando escapó al exterior.
El juez Bagnasco podría llamar a declarar al ex militar en los próximos días.
Por otro lado, un coronel retirado del ejército argentino, procesado por el contrabando de 230 toneladas de pólvora a Croacia en 1993, quedó detenido ayer en dependencias militares.
Edberto González De la Vega se presentó en Campo de Mayo y quedó detenido bajo la orden del juez Julio Speroni, dijo a Reuters el abogado Ricardo Monner Sans, cuyas denuncias dieron origen a una de las causas que investiga la venta ilegal de armas.
Speroni declinó comentar sobre la situación judicial del ex militar.
González de la Vega se desempeñaba como gerente de producción de la estatal Fabricaciones Militares cuando se produjo el desvío de pólvora hacia Croacia, que en ese momento estaba bajo un embargo de armas de las Naciones Unidas.
El juez Speroni dispuso el martes su procesamiento y ordenó un embargo de 200.000 dólares sobre los bienes del ex militar.
De la Vega también se encuentra procesado en una investigación por contrabando de armas, que lleva adelante el juez federal Jorge Urso.
Entre 1991 y 1995 Ecuador y Croacia recibieron embarques de armas argentinas a pesar de que se encontraban en guerra y bajo embargos de las Naciones Unidas.
El gobierno ha venido sosteniendo que esas armas estaban destinadas en realidad a Venezuela y Panamá y que fueron desviadas por empresas intermediarias que terciaron en la operación.
Argentina es, junto a Chile, Brasil y Estados Unidos, garante de paz entre Ecuador y Perú.
Asimismo, efectivos argentinos integraban las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en los Balcanes cuando se produjo el contrabando a Croacia.
La investigación por la venta ilegal de material bélico es la que más inquieta al gobierno de Carlos Menem y desembocó en escándalo cuando fueron procesados el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, quien se vio obligado a dimitir, y el ex comandante de la Fuerza Aérea, Juan Paulik.
El caso también llevó a la detención de el ex jefe de Fabricaciones Militares y de otro encargado de producción de ese organismo.
Las sospechas alcanzan también al actual ministro de Trabajo y ex de Defensa, Erman González, al canciller Guido Di Tella y al jefe del ejército Martín Balza.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
