El periódico El Nuevo Día resolvió ayer su pleito contra el gobernador de Puerto Rico y otros seis funcionarios por presunta utilización de anuncios oficiales para castigar a los medios noticiosos.
Mediante un acuerdo, aprobado ayer por el juez de la Corte Federal de Distrito José A. Fusté, el gobierno reconoció que valerse de sus anuncios para influir la cobertura noticiosa, viola la disposición sobre libertad de prensa consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, dijo el rotativo en un comunicado.
El Nuevo Día demandó al gobernador Pedro Rosselló y seis altos funcionarios en 1997 luego que el gobierno de este territorio caribeño de Estados Unidos retiró millones de dólares en anuncios del diario, que había publicado historias investigativas sobre presunta corrupción oficial.
Rosselló arguyó en dicha ocasión que había retirado los anuncios para ahorrarle dinero al gobierno.
En 1998, la Sociedad Interamericana de Prensa determinó que el gobierno de Rosselló había incurrido en "un patrón de coacción y hostigamiento" contra diversos periodistas, sobre todo los de El Nuevo Día.
El caso, que había concentrado la atención pública en esta isla de población de habla hispana y posesión de Estados Unidos desde 1898, iba a ser ventilado en el tribunal federal a partir de esta semana. Pero ambas partes emprendieron conversaciones de avenencia a instancias de Fusté.
El acuerdo dispone que las agencias gubernamentales reanuden sus anuncios en El Nuevo Día dentro de 15 días.
El gobierno accedió además a administrar su presupuesto de anuncios impresos valiéndose de "criterios objetivos como el costo por millares de lectores alcanzados", dijo El Nuevo Día en su comunicado.
Además, una compañía de cemento cuyos principales accionistas dirigen el diario, podrá iniciar obras que se encontraban paralizadas por el gobierno desde que se presentó la demanda, dijo El Nuevo Día.
A su vez, El Nuevo Día y la Puerto Rico Cement Company accedieron a retirar una demanda al gobierno por millones de dólares de indemnización. "Nuestros objetivos al presentar esta demanda han sido alcanzados", dijo el presidente del diario, Antonio Luis Ferré, "Se está poniendo fin a las represalias por la cobertura noticiosa que irritó a ciertos funcionarios".
"Esta contienda ha sido un momento decisivo para nuestro diario y para la causa de la libertad de prensa en Puerto Rico", añadió Luis Alberto Ferré Rangel, director de El Nuevo Día.
"Ahora, los puertorriqueños pueden confiar en que los anuncios gubernamentales sufragados por los contribuyentes, no se usan para influir el juicio de los medios de prensa", agregó.
Rosselló aún no ha emitido declaración oficial alguna sobre el acuerdo alcanzado esta madrugada.
Sin embargo, uno de los seis funcionarios de su administración que fueron demandados, la secretaria de Estado Norma Burgos, dijo, "Estoy muy contenta porque todo lo que dije anteriormente, prevaleció". Burgos había aducido que el pleito tenía motivos comerciales.
El gobierno había dicho que canceló sus anuncios en abril de 1997 porque las tarifas del diario, que tiene una circulación de 220,000 ejemplares, eran las mayores de la isla.
"Los anuncios oficiales le pertenecen al pueblo, y no al gobierno, y por tanto no se los debe usar para premiar o castigar a los diarios por lo que publiquen", dijo la Sociedad Interamericana de Prensa el año pasado luego de investigar la disputa.
