El fiscal especial Celvin Galindo, que investiga el asesinato del obispo guatemalteco, Juan Gerardi, anunció que analizar la declaración que prestaron ayer ante un tribunal dos altos oficiales del Ejército.
El coronel Rudy Pozuelos, jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), y el mayor Andrés Villagran, encargado de servicios de ese cuerpo, declararon ayer ante la jueza Flor de María García, lo que les consta del crimen de Gerardi, perpetrado el 26 de abril de 1998.
Los dos oficiales de la institución armada no hicieron declaraciones a la prensa argumentado que el Ministerio Público (MP) les había pedido reserva.
Pozuelos se limitó a señalar que "yo pienso que con nuestra declaración el fiscal puede encontrar algún dato que le interese".
Además de los dos oficiales y el fiscal especial, en la diligencia judicial que realizó García a petición de Galindo, estuvieron presentes representantes de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), que actúa como querellante adherida en el proceso.
Los militares respondieron a m s de 150 preguntas que les formularon las partes involucradas en el proceso para esclarecer el asesinato Gerardi.
Galindo explicó a la prensa que evaluar las declaraciones testimoniales de los dos militares para ver sin son congruentes con las que hicieron hace poco el gerente de la Presidencia, Mariano Rayo, y la directora de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), Raquel Zelaya sobre el mismo caso.
Según el fiscal especial, tras la diligencia judicial de ayer, se tratará de establecer si dos miembros del EMP, el mayor Juan Francisco Escobar Blas, y el fotógrafo del Estado Mayor Presidencial Darío Morales, estuvieron afuera o adentro de la escena del crimen.
Gerardi fue asesinado a golpes la noche del 26 de abril de 1998 en la cochera de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, situada a unos 300 metros de la sede oficial del Gobierno, cuyo perímetro es de completa vigilancia del EMP, responsable de la seguridad del presidente y su familia.
Rayo ha asumido toda la responsabilidad de la presencia de Escobar y Morales en el escenario del hecho, y asegura que solicitó el apoyo del EMP con el fin de recabar información para luego presentarle un informe al presidente Alvaro Arzú sobre el crimen del obispo.
Galindo cree que las declaraciones de los militares junto con las otras diligencias judiciales que ha realizado la Fiscalía sobre el asesinato de Gerardi, como la reconstrucción de hechos que se hizo en marzo pasado, podrían dar un nuevo giro al caso, pero no entro en detalle.
El abogado Luis Mazariegos, defensor del sacerdote Mario Orantes, sostuvo que para ellos esto clara la presencia de los dos agentes del EMP en la escena del crimen y dijo que ahora lo que trataran de establecer es "cual fue el motivo y que querían conseguir".
Orantes fue detenido como sospechoso del crimen el 22 de julio de 1998; en octubre de ese mismo año fue acusado formalmente por el Ministerio Público del delito de asesinato, pero en febrero de 1998 fue dejado en libertad por el juzgado Segundo de Primera Instancia Penal.
El obispo guatemalteco fue asesinado violentamente 54 horas después de haber presentado su proyecto interdiócesano de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMH), Guatemala: Nunca más.
En ese informe se documentaron m s de 55.000 violaciones de los derechos humanos durante la acabada guerra civil y se le atribuyó un 80 por ciento de su autoria al ejército y un 7,3 por ciento a la guerrilla.
A casi un año del violento crimen, no hay ningún detenido y la Iglesia Católica teme que el hecho quede en la impunidad por falta de voluntad política.
