Un fiscal aconsejó el procesamiento del ex presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy, acusado ante un juzgado asunceño de "atropello de domicilio y abuso de autoridad" por Raquel Marín, esposa del ex jefe del Ejército Lino Oviedo, informaron ayer fuentes judiciales.
El dictamen lleva la firma del fiscal del crimen Fabriciano Villalba y está dirigido al magistrado Jorge Bogarín, quien investiga un hecho ocurrido en la casa de Oviedo el 30 de octubre de 1997.
Aquel día, un comando del Regimiento Guardia Presidencial, con efectivos fuertemente armados y provistos de pasamontañas, asaltó la vivienda de Oviedo, por orden de Wasmosy, entonces presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El objetivo era detener a Oviedo para hacerle cumplir un arresto disciplinario de 30 días, medida dictada por el mismo Wasmosy, pero, finalmente, la búsqueda fue infructuosa.
En la casa sólo estaban Raquel Marín y un grupo de políticos "oviedistas", entre ellos el actual jefe de Estado, Raúl Cubas.
La denuncia, que afecta a Wasmosy y a algunos militares que dirigieron aquella operación, habla de la supuesta comisión de los delitos de "atropello de domicilio, abuso de autoridad y lesión corporal".
En el mismo caso, el fiscal Villalba pide también al juez que solicite al Congreso el desafuero de Wasmosy para procesarlo, teniendo en cuenta su calidad de senador vitalicio.
Por otro lado, el presidente Raúl Cubas reiteró ayer que su gobierno considera cerrado el caso de su amigo y mentor político, el general retirado Lino César Oviedo, a quien la Corte Suprema quiere enviar nuevamente a prisión para que cumpla una sentencia por rebelión.
"Nosotros, el Poder Ejecutivo, cumplimos el fallo de la Corte Suprema de Justicia, le hemos dado trámite como corresponde legalmente. No hay más nada que hacer", dijo el mandatario tras retornar de Río de Janeiro donde se reunió con su colega brasileño Fernando Henrique Cardoso.
A comienzos de este mes, la Corte ordenó a Cubas enviar de vuelta a prisión a Oviedo para completar su condena de 10 años por intentar en abril de 1996 derrocar al entonces jefe de Estado, Juan Carlos Wasmosy.
Cubas dijo que no podía cumplir la orden porque el Poder Ejecutivo no se subordina al Poder Judicial y porque Oiedo goza de plena libertad luego de haber sido sobreseído en agosto por un tribunal militar extraordinario.
Cubas envió la orden de la Corte al ministerio de Defensa y éste a su vez trasladó el documento al Auditor de Guerra quien debe remitirlo a un nuevo tribunal militar extraordinario.
